Transformación de la Sedatu
La política agraria, territorial y urbana es una de las más importantes para el desarrollo del país. Ésta define los espacios de convivencia de las ciudades, los espacios y enfoque productivo del campo y la relación y armonía entre los distintos territorios del país. Además, las definiciones de uso y aprovechamiento del territorio tienen impacto en cómo los distintos actores que conforman el Estado interactúan para su bienestar, por ejemplo, en el desarrollo de grandes proyectos de inversión o la vocación productiva de la tierra.
Durante los últimos años, la importancia de esta política se ha menospreciado. Entre 2000 y 2012 la visión fue fragmentaria, por un lado, se decidía la política agraria en la Secretaría de la Reforma Agraria, mientras que la política de desarrollo urbano y vivienda fue cedida a la Secretaría de Desarrollo Social.
A partir de 2012 se unificó en torno a una sola estructura y se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Finalmente, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos definió, a finales de 2016, otras facultades para la Secretaría, que aun no se han implementado.
Ante el cambio de administración, queda claro que la estructura que soporta esta importante política está en transición, lo que significa una ventana de oportunidad para reforzar el andamiaje de esta Secretaría.
Lamentablemente, la ciudadanía ha sido defraudada por este gobierno, que a través de la Sedatu ha desviado miles de millones pesos. Con justicia, muchos se preguntarán ¿para qué otorgar más recursos? Y la respuesta se basa en que no todos los que participamos en la política somos iguales.
Por lo anterior, he dedicado los últimos dos meses en entender lo que hace falta para potenciar la política agraria, territorial y urbana. Me he reunido con 100 expertos en distintos temas que tienen que ver con el mandato de la Sedatu.
Hemos construido un plan que tiene como principio la transparencia y que busca la convergencia entre los instrumentos de planeación económica y urbana. En cuanto a las áreas de política pública prioritarias, se han identificado tres: vivienda, reconstrucción por desastres naturales y desarrollo territorial.
Uno de los derechos sociales fundamentales consagrados en la Constitución es el de la vivienda. La mala planeación que ubica viviendas lejos de las zonas de trabajo y sin un programa adecuado de movilidad, los intereses de cárteles inmobiliarios y la mala calidad han provocado que el patrimonio de los mexicanos pierda su valor en el tiempo.
La reconstrucción después de los desastres naturales es urgente, muchas familias llevan meses tratando de obtener una restitución de su patrimonio. No es justo que las burocracias y los intereses de ciertos políticos detengan la entrega de lo que les corresponde a los damnificados, no es normal y no es humano. Por ello vamos a auditar los padrones de damnificados, para contar con uno que sea verdaderamente confiable.