La Jornada

Pedirán pena máxima contra ex procurador del menor de Sonora

- CRISTINA GÓMEZ LIMA HERMOSILLO, SON.

La Procuradur­ía General de Justicia del Estado (PGJE) solicitará que se aplique la pena máxima de 50 años de prisión contra Vladimir Arzate Carbajal, detenido la tarde del martes por agentes de la Policía Estatal Investigad­ora por tráfico de infantes cuando era procurador de Defensa del Menor, durante el gobierno del panista Guillermo Padrés Elías.

Según la averiguaci­ón previa 01/2015, Arzate negociaba la venta de recién nacidos del Hospital Infantil del Estado y los entregaba a parejas por cerca de 130 mil pesos. En 11 casos se confirmó la venta de igual número de menores, hijos de mujeres pobres con problemas de adicción.

Rodolfo Montes de Oca Mena, titular de la PGJE, explicó que en marzo de 2015 se inició una averiguaci­ón previa contra el acusado –quien fue capturado en un rancho ubicado entre las ciudades de Naco y Agua Prieta–, por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitució­n de infante, y por sustracció­n y tráfico de menores.

En agosto de aquel año, dijo, el juez sexto de distrito del ramo penal solicitó órdenes de aprehensió­n en contra de José Manuel Hernández López, Vladimir Arzate Carbajal y Emma Consuelo Falcón Etchechury antes de que la Procuradur­ía General de la República atrajera el caso.

Agregó que al inicio de la presente administra­ción se iniciaron las indagatori­as para dar con los principale­s operadores de la red de tráfico de menores.

Arzate Carbajal ‘‘rendirá declaració­n preparator­ia conforme al sistema tradiciona­l, pues la averiguaci­ón previa se elaboró antes de que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal’’, señaló.

El inculpado fue trasladado a Hermosillo para ser puesto a disposició­n del juez sexto penal del fuero común y lo internaron en el Centro de Readaptaci­ón Social nú- mero 1 de Hermosillo. Como el delito que se le imputa es grave, no alcanza libertad bajo fianza.

Los presuntos implicados en esta red de tráfico de menores podrían enfrentar penas de entre cinco y 40 años de prisión.

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