La ASF detecta anomalías en la Sagarpa por mil 569 millones de pesos
Mal enfocada, la lucha contra el narco: ONU Hay dos universidades involucradas que cobraron por estudios plagiados de Internet Para disfrazar las irregularidades se avalaron operaciones bancarias alteradas y se falsificaron facturas ONG exigen el cese de
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó operaciones fraudulentas en la instrumentación de programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en los que se avalaron operaciones bancarias alteradas, la entrega de facturas falsas y se otorgaron recursos a empresas que no operan o se dedican a otros giros. Incluso convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) que subcontrató a personas no aptas y entregó estudios bajados de Internet, todo ello con un presunto daño al erario acumulado de mil 569.7 millones de pesos.
Como resultado de cinco auditorías forenses realizadas a diversos programas de la Sagarpa en 2015 –dependencia que arrastra 193 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República promovidas por la ASF–, tras detectarse consistentes irregularidades en años anteriores, se confirmaron modus operandi que motivaron que en El Estado mexicano no debe enfrentar a los cárteles y al crimen organizado con los mismos métodos con los que se combate a un ejército, pues ello provocará una espiral de violencia como la que vive el país desde hace diez años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón inició la mal llamada guerra contra el narco.
Además, para Santiago Corcuera Cabezut, presidente del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en la discusión que hoy tiene el Congreso sobre las iniciativas de ley de seguridad interior existe una enorme confusión en los términos y conceptos de seguridad pública y seguridad interior, que no son lo mismo.
Entrevistado brevemente al inicio de un acto en el que diversas organizaciones civiles presentaron casos exitosos de litigio judicial para defender derechos humanos, Corcuera Cabezut dijo que esta confusión se arrastra desde 1996, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 1/96, y avaló la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en “auxilio de autoridades civiles”.
Corcuera explicó que la seguridad interior de la nación es una especie de seguridad nacional; que puede ser de dos tipos: la estrictamente interior, y la exterior. Esta última es cuando se ve amenazada, por ejemplo, con la invasión de un ejército de otro país. Para este caso existe el Plan DNI, que eso es guerra extranjera. algunos casos la ASF solicitara la colaboración del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ahondar y aclarar las irregularidades fiscales que involucran a varias empresas.
En las principales irregularidades se involucra a la Sagarpa, la UAZ y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), por triangular convenios y subcontratar. La UAZ obtuvo proyectos por 219.4 millones de pesos para desarrollos asociados al sector. Sin embargo, esa institución educativa no los realizó directamente sino que contrató a personal sin el perfil idóneo: recepcionistas, mercadólogos, periodistas, telefonistas, edecanes, carniceros, vendedores de seguros, policías, cajeros, nutriólogos, entre otros.
“En la ejecución de la auditoría, la UAZ proporcionó los mismos entregables que la Sagarpa, correspondientes a los 36 convenios; sin embargo, en su contenido se observó que 32 de ellos fueron extraídos de diversas páginas de Internet, y por tanto, no fueron realizados por la UAZ, por los proveedores ni por los prestadores de servicios contratados, no obstante la universidad distribuyó a través de diversos pagos, los recursos otorgados por la Sagarpa a empresas y personas físicas, sin que se llevaran a cabo los trabajos para los cuales fueron contratados”. Se presume daño por 219 millones de pesos.
El caso de la UPSZ fue similar, aunque el monto involucrado fue de 34.5 millones de pesos. La Sagarpa no supervisó la realización de los mismos ni la calidad de lo entregado, material que fue obtenido de Internet.
Entre los programas involucrados en irregularidades están: Organizaciones civiles agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se pronunciaron ayer por que se realicen cambios institucionales “para lograr la cohesión social frente a la pobreza y la desigualdad”.
Esto, luego de las fallas detectadas en la revisión de la cuenta pública 2015, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), principalmente en servicios de salud a cargo de gobiernos estatales y en la Cruzada Nacional contra el Hambre. fomento a la agricultura, componente procafé e impulso productivo al café; fomento a la agri-
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que es “inaceptable” que después de tres años la “estrategia emblema” para combatir la pobreza, “que supuestamente coordina 43 programas y tiene como población objetivo únicamente a siete millones de personas, sólo haya logrado atender a la mitad: 3.6 millones, según reportó la misma Secretaría de Desarrollo Social en 2015”.
Además, recordó que, de acuerdo con la ASF, la Secretaría cultura, componente programa de incentivos para productores de maíz y frijol; de innovación, de Desarrollo Social (Sedesol) no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de la población en condición de pobreza extrema alimentaria identificada, ni la vinculación de los programas con las carencias que presentó cada persona”.
Y al no poder “medir qué resultados logran con los que sí cubren no hay datos para saber si las carencias se resuelven. Es urgente superar la simulación y el gradualismo”, dijo.
En la primera mesa de diá- investigación, desarrollo tecnológico y el de productividad y competitividad agroalimentaria.
En la descripción de inconsistencias, la ASF señala que Sagarpa liberó pagos a proveedores sin que acreditaran la entrega de bienes y sin tener la certeza de la población objetivo, pues hubo beneficiarios que no confirmaron haber recibido apoyos y en otros casos, a la fecha de la auditoría ni siquiera habían iniciado los proyectos, aunque ya se les habían liquidado. También se hicieron pagos duplicados.
La ASF estima que “la corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a la dependencia”.
Menciona acciones fraudulentas con empresas específicas, como por ejemplo Simone Productora Rural, una empresa cuyo domicilio fiscal es una casa abandonada por años y que entregó facturas por 19 millones de pesos que al revisarse en el SAT estaban canceladas.
Sólo es una muestra, pues hay varias empresas que alteraron facturas y cuentas bancarias para poder obtener los beneficios. Las empresas reportaron contar con varios millones de pesos para aspirar a contratos cuando en realidad las cuentas estaban casi vacías; otros, entregaron facturas expedidas antes de que se iniciaran los programas del cual serían beneficiarios. La ASF también reporta proveedores que no tenían la tecnología o los instrumentos para cumplir convenios que les fueron otorgados. logo Cohesión social. El país que queremos, en la que participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la asociación exigió cambiar las políticas “que han mostrado su falta de efectividad en la Cruzada contra el Hambre”.
Asimismo, blindar los recursos para la salud con la participación de la ciudadanía por medio de la contraloría social. Y legislar para crear el padrón único de beneficiarios, que sea transparente y eficaz para asignar apoyos “a quienes realmente lo requieren”.