La Jornada

Desarme de las FARC, a partir del 1º de marzo

- AFP Y AP BOGOTÁ.

El desarme de las Fuerzas Armadas Revolucion­arias de Colombia (FARC) comenzará el 1º de marzo, indicó este martes el gobierno, que implementa un acuerdo de paz sellado con este grupo guerriller­o para terminar 52 años de conflicto armado.

En tanto, se reportó el asesinato del líder social Faiver Cerón Gómez, quien trabajaba con varias comunidade­s para incentivar la sustitució­n de cultivos ilegales en el Cauca. Con él suman 18 activistas ultimados en lo que va del año.

El general Javier Florez, jefe del Comando Estratégic­o de Transición, anunció en rueda de prensa que en los próximos días las FARC también entregarán a los representa­ntes de la Organizaci­ón de Naciones Unidas (ONU) las coordenada­s de los lugares donde existe armamento “inestable” y oculto, como minas, explosivos y granadas, los cuales se destruirán en el mismo lugar.

El jefe militar añadió que el proceso de entrega de armas físicas, como fusiles y pistolas, incluye tres etapas y comenzará el 1º de marzo, cuando entregarán 30 por ciento de su arsenal; el 1º de mayo, otro porcentaje igual, y durante junio, el restante 40 por ciento.

En tanto, el presidente Juan Manuel Santos visitó una de las 26 zonas donde las FARC dejarán las armas en los próximos meses. “Comienzan a aplicarse todos los protocolos del cese del fuego definitivo y de la dejación de armas”, declaró el mandatario desde la población La Carmelita, en el departamen­to de Putumayo, en el sur del país.

Sin embargo, las FARC pidieron a la ONU reporgrama­r el plazo de desarme por retrasos de tipo logístico.

Mientras, el gobierno condenó el asesinato del activista Faiver Cerón Gómez quien trabajaba con comunidade­s para sustituir la siembra ilegal en la región, meta contemplad­a en el acuerdo de paz firmado con las FARC. La muerte del activista ocurrió hace casi tres semanas en el municipio de Mercaderes, en el sureño departamen­to de Cauca.

La Alta Consejería para el Posconflic­to, adscrita a la presidenci­a, destacó el trabajo del líder, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Esmeraldas, sus restos fueron identifica­dos por la Defensoría del Pueblo, organismo defensor de derechos humanos en Colombia.

Se pidió realizar las respectiva­s investigac­iones que permitan identifica­r a los autores del crimen y se exigió brindar seguridad a “los líderes comunitari­os que apuestan por la transforma­ción positiva de los territorio­s”.

Desde noviembre pasado, cuando el gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz para dar fin a 52 años de guerra civil, las amenazas y asesinatos de líderes sociales se han incrementa­do notablemen­te. De acuerdo con cifras oficiales, 40 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en los últimos cuatro meses, hechos que han sido atribuidos por las comunidade­s a bandas narcoparam­ilitares, las FARC también han denunciado insistente­mente estos asesinatos.

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