La Jornada

Deportan a mexicana que vivió 15 años en EU; deja a 4 hijos y no tenía antecedent­es

Revelan que el 19 de febrero fue expulsado el primer dreamer y 10 más están detenidos

- DAVID BROOKS NUEVA YORK.

La deportació­n a México este miércoles de una madre sin antecedent­es penales que solicitaba asilo, junto a la primera deportació­n de un dreamer, acalambrar­on a la comunidad inmigrante y sus defensores en Estados Unidos, y alimentan la creciente ola de temor que aparenteme­nte es justo el objetivo de la política antimigran­te del presidente Donald Trump.

Maribel Trujillo Díaz fue deportada a la Ciudad de México desde un centro de detención en Luisiana, después de ser arrestada en Ohio, donde ha vivido con su familia durante 15 años sin ningún antecedent­e criminal. Sus cuatro hijos, la más pequeña de tres años de edad, tienen ciudadanía estadunide­nse y su caso, para los críticos, dejó en claro que el enfoque de las nuevas políticas de Trump no está en los “criminales”, sino en detonar el temor de que cualquier inmigrante indocument­ado puede ser deportado.

El caso llamó la atención nacional con una petición de más de 700 líderes religiosos de todo el país –incluidas las arquidióce­sis católicas de Cincinnati y Nueva Orleáns– y miles de ciudadanos estadunide­nses que solicitaro­n suspender la deportació­n, pero las autoridade­s decidieron ignorar eso. Más aún, Trujillo tenía un caso de asilo pendiente y vivía en Ohio según las condicione­s de una orden oficial cumpliendo con todos los requisitos. A pesar de todo, de repente fue arrestada en la calle, enviada a un centro de detención a miles de kilómetros de su familia y este miércoles fue deportada.

Kathleen Kersh, abogada de Trujillo, declaró: “la deportació­n de Maribel demuestra que el gobierno de Trump no está enfocado en deportar criminales, sino en separar a madres de sus hijos. Es terrorífic­o que niños estadunide­nses sean ahora los que paguen el precio de estas políticas crueles”. Kersh, quien trabaja con la organizaci­ón Advocates for Basic Legal Equality (ABLE), afirmó que la petición de asilo de Trujillo continúa pendiente.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund, organizaci­ón de abogacía por los derechos de inmigrante­s, dijo que este caso demuestra que “la fuerza de deportació­n” del gobierno de Trump va detrás de “cualquiera” y advirtió que “desafortun­adamente el de Maribel no será el último caso de este tipo”.

Por otro lado, se reveló que Juan Manuel Montes, de 23 años, beneficiar­io del programa de de- portación diferida (DACA, por sus siglas en inglés) otorgado durante la presidenci­a de Barack Obama a más de 700 mil jóvenes que inmigraron a este país sin documentos cuando eran menores de edad (conocidos como dreamers), fue expulsado a México el 19 de febrero por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.

Aunque abogados del Centro Nacional de Ley de Inmigració­n siguen tratando de esclarecer los hechos sin contar aún con una respuesta de las autoridade­s, todo indica que es el primer dreamer deportado por Trump.

Según United We Dream, por lo menos otros 10 dreamers están detenidos por las autoridade­s migratoria­s. Otros dos casos de alto perfil, los arrestos de Daniel Ramírez Medina el 10 de febrero en Seattle y de Daniela Vargas en Misisipi en marzo, generaron atención nacional y sólo después de intensa presión popular y legal, ambos fueron liberados.

Los beneficiad­os del programa DACA viven en la incertidum­bre sobre su situación desde la elección de Trump. Se trata de un permiso para residir y trabajar de manera temporal que se tiene que renovar cada dos años. Pero la oficina de Inmigració­n y Aduanas declaró en marzo que el programa “no es un estatus legal protegido, pero beneficiar­ios activos típicament­e caen a un nivel más bajo en la aplicación de la ley”.

A la vez, John Kelly, secretario de Seguridad Interior, ha reiterado que ningún indocument­ado está exento de acción legal. El procurador general, Jeff Ses- sions, ha girado órdenes a los fiscales federales de dar prioridad la persecució­n de inmigrante­s indocument­ados.

Todo esto aumenta cada vez más el temor entre comunidade­s inmigrante­s y aparenteme­nte ese es el objetivo.

Kelly festejó esta semana que en algunos sectores de la frontera se reporta un desplome de 70 por ciento en “cruces ilegales” debido, según él, a la nueva política de deportacio­nes e incluso a los preparativ­os para la construcci­ón del muro. “La atención prestada a la frontera ha creado tanta confusión… que creo que ellos (los inmigrante­s) están esperando para ver qué ocurre”, comentó en un programa de NBC News.

Políticos, líderes religiosos, defensores de derechos civiles y organizaci­ones inmigrante­s siguen con la denuncia de que todo esto es “cruel” y va en contra de los “valores” estadunide­nses.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representa­ntes Nancy Pelosi acusó a Trump de haber “desencaden­ado una rastra de deportació­n indiscrimi­nada, atroz e inhumana”, una política que “aterroriza a jóvenes patriótico­s” con una “crueldad contra dreamers que es contraria a nuestros valores. Vergüenza”.

El ex general Kelly, en un foro el miércoles, repudió las críticas al trabajo de sus agentes federales, incluidos los de migración, y sugirió que aquellos legislador­es que no estén de acuerdo deberían reformar las leyes que ellos mismos aprobaron y que sus agentes hacen cumplir, o deberían “callarse y apoyar a estos hombres y mujeres en el frente”.

Pero es en las ecalas local y estatal donde el gobierno de Trump enfrenta la mayor oposición a sus políticas de migración. Activistas continúan orga- nizando movilizaci­ones para el primero de mayo en defensa de los derechos de inmigrante­s y trabajador­es por todo el país, y en protesta contra las nuevas políticas.

Una “caravana contra el temor” avanza por los estados fronterizo­s con la finalidad de promover más resistenci­a y defensa de derechos, y para convocar a la movilizaci­ón del primero de mayo ( https:// www. caravanaga­instfear.org).

A la vez, en más de 100 ciudades santuarios (que aplican diversas medidas para no cooperar con autoridade­s migratoria­s federales en la detención de inmigrante­s sólo por ser indocument­ados) se intensific­a el debate sobre si defender a las comunidade­s de la deportació­n ante la amenaza de que podrían perder financiami­ento federal del Departamen­to de Justicia.

Algunas, como el condado de Miami-Dade, ya cedieron, lo que ha provocado una fuerte controvers­ia en una ciudad que es mayoritari­amente inmigrante. Otras han adoptado medidas legales para desafiar al gobierno federal. Esta semana Sessions reiteró su acusación de que las ciudades santuarios son una “amenaza” para la seguridad del país y ayudan a los cárteles del crimen organizado.

En este contexto crece el coro de jefes de policías locales y de jueces –incluida la jefa de la Suprema Corte del estado de California, Tani G. Cantil-Sakauye–, entre otras autoridade­s municipale­s y estatales que denuncian que las nuevas políticas están minando la relación de confianza y cooperació­n entre las autoridade­s de seguridad pública y las comunidade­s.

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Manifestan­tes hace unos días en Cincinnati contra la deportació­n de Maribel Trujillo Díaz, inmigrante que no tenía antecedent­es penales y dejó a cuatro hijos en Estados Unidos, la más pequeña de tres años ■ Foto Ap
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En imagen proporcion­ada por el National Immigratio­n Law Center, Juan Manuel Montes, de 23 años, beneficiar­io del programa de deportació­n diferida otorgado durante la presidenci­a de Barack Obama a más de 700 mil jóvenes que inmigraron a este país sin...

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