Golpeadores destruyen casas para obligar a dueños a irse

Tres familias viven entre ruinas y una más se vio obligada a salir de su casa hace poco más de dos semanas luego de que un grupo de choque irrumpió y comenzó a tirar techos y paredes de un antiguo inmueble en la calle Moldeadores 143, colonia Trabajadores de Hierro, delegación Azcapotzalco.

Los sujetos, a decir de los afectados, fueron contratados por una organización promotora de vivienda que reclama el predio para la construcción de un nuevo edificio, con el apoyo del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México.

Sin aviso previo, los individuos ingresaron al edificio, cortaron todos los servicios –agua, luz y teléfono–, tiraron tinacos y abrieron boquetes en techos y paredes para obligar a las familias a abandonar sus casas.

“En cuanto pude me salí con lo que traía puesto y mis papeles, nada más, pero otras personas se quedaron, hay adultos mayores y niños, porque no tienen a dónde ir”, contó María de Jesús Jasso, quien relató que en 1989 compraron los departamentos, pero por un pleito con el apoderado legal de los propietarios, Juan Pedro Vera y Franco, no pudieron escriturar.

“Se hizo una carta de compra venta y se acordó el pago de 10 millones de pesos por departamento, dimos un anticipo de 4 millones y en mi caso más tarde liquidé el resto, pero después el apoderado nos dijo que era más y nos pedía otros 6 millones, Una familia abandonó el edificio atacado, pero otras tres, con personas mayores y niños, se quedaron porque no tienen a dónde refugiarse pero no aceptamos, no nos quiso hacer las escrituras y tampoco nos devolvió el dinero”, aseguró, tras mostrar los documentos que prueban su dicho.

Desde entonces, añadió, comenzó una batalla legal. Contrató a un abogado que les recomendó hacer un trámite de prescripción por el tiempo que tenían de posesión y presentaron una demanda en el juzgado primero de lo civil. “Nos dijo que no nos preocupáramos, pero de buenas a primeras desapareció”, refirió.

“El caso es que la gente que compró era adulta mayor y comenzó a morirse. El mismo apoderado legal comenzó a meter a otras familias en el edificio, que desde hace dos años contactaron a una gestora de vivienda del Bloque Urbano Popular, Arlette Rangel, para que el Invi expropiara y construyera nuevas viviendas”, apuntó.

La angustia de quedarse sin vivienda creció cuando se enteró que el apoderado hizo el traslado de dominio para el Invi. De nada ha servido su ir y venir ante ese organismo para exponer el problema. “Al principio me aseguraron que no había ningún trámite, pero ahora una persona me dijo ‘¿por qué no se acerca al grupo y les da dinero para que la incorporen?’ Me pregunto: ¿pueden despojarme de mi casa sin una orden judicial? Ahí compré y llevo casi 30 años viviendo. ¿A quién recurrir ante esta injusticia?”