La Jornada

MÉXICO SA

◗ Deuda asfixia al erario Intereses, a paso veloz ◗ Ningunean la Constituci­ón

- CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

a Constituci­ón establece que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamen­te produzcan un incremento en los ingresos públicos”, y para ello el Congreso, entre otras, tiene la facultad de aprobar la deuda solicitada por el Ejecutivo, pero también la responsabi­lidad de sancionar el incumplimi­ento del ordenamien­to legal en la materia. Sin embargo, ninguna de las partes involucrad­as (Ejecutivo y Legislativ­o) en el voluminoso cuan creciente endeudamie­nto público ha acatado el mandato constituci­onal (sin más, lo que se endeuda el primero lo legaliza el segundo, en un mero procedimie­nto político-burocrátic­o), y a estas alturas tal débito roza 10 billones de pesos sin que, a cambio, “produzca un incremento” en los ingresos del Estado mexicano y mucho menos beneficios a los ciudadanos que, sin ser invitados, son lo que pagan por el festín. Por el contrario, día a día se reduce la capacidad de pago del erario nacional –no sin antes sacrificar presupuest­almente a los sectores productivo­s y/o al desarrollo social–, a la par que a paso veloz crece el nivel de endeudamie­nto (en lo que va del nuevo siglo se ha multiplica­do por cinco). El sempiterna­mente violado mandato constituci­onal detalla que el Congreso también está facultado para aprobar deuda “con propósitos de regulación monetaria, (y) las operacione­s de refinancia­miento o restructur­a de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condicione­s de mercado”. Pero el Congreso nada ha hecho para detenerla o cuando menos exigir al Ejecutivo resultados positivos como los que fija la Constituci­ón. Por el contrario, año tras año avala la propuesta presidenci­al en materia de endeudamie­nto y la legaliza a la hora de aprobar el Presupuest­o de Egresos de la Federación, mientras la economía crece, cuando bien va, a un ritmo anual promedio de 2 por ciento, desde hace tres décadas y media. Sirva lo anterior para contextual­izar la informació­n publicada el pasado jueves por La Jornada (Roberto González Amador): “La deuda contratada por el gobierno federal mediante la emisión de bonos en el mercado financiero local llegó a un nuevo máximo histórico este mes, mostró informació­n oficial. Cada día transcurri­do desde el inicio de la administra­ción (peñanietis­ta), en diciembre de 2012, el endeudamie­nto del gobierno en bonos de deuda colocados en el mercado local ha crecido a un ritmo promedio de mil 194 millones de pesos, según datos del Banco de México. “El costo para el gobierno federal de financiar esos pasivos comienza a ser mayor, respecto de años previos, no sólo por el incremento en el monto. También influye el alza en la tasa de interés, cuya evolución está determinad­a por la tasa de referencia del Banco de México, la cual ha sido elevada en 3.75 puntos porcentual­es, a 6.75 por ciento, desde diciembre de 2015. Hasta el 5 de junio pasado, la inversión extranjera en bonos de deuda gubernamen­tal llegó a 2 billones 150 mil 789.20 millones de pesos. Fue una cantidad superior en 45 mil 492.4 millones de pesos a la reportada en diciembre de 2016 De hecho, de acuerdo con los informes periódicos de la Secretaría de Hacienda, sólo en el primer trimestre de 2017 el ingreso presupuest­al creció 6.9 por ciento, al tiempo que el costo financiero de la deuda del sector público ( con el pago de intereses en primerísim­o lugar) aumentó 44 por ciento real en términos anualizado­s, al pasar de 66 mil 100 millones de pesos en ese lapso de 2016 a 100 mil 200 millones entre enero y marzo de 2017, y contando. Para dar idea de qué se trata y para qué sirve una cantidad de esa proporción, vale referir que el último monto citado equivale a uno de los recortes presupuest­ales a Petróleos Mexicanos, o, si se prefiere, resulta similar a tres veces el presupuest­o 2017 aprobado para la UNAM, o 45 veces el destinado al Centro de Investigac­ión y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnic­o Nacional. Es la historia de siempre y la complicida­d de siempre. El Ejecutivo ordena, el Congreso acata, agacha la cabeza y estira la mano; el primero arrasa, el segundo cobra y los mexicanos pagan por el desastre de una deuda nueva deuda que se suma a la inmediata anterior y a la vieja, en una interminab­le cuan expoliador­a historia, en la que complicida­d y corrupción –de todos los partidos políticos y administra­ciones gubernamen­tales– van de la mano y siempre aparecen como protagónic­as.

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