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Acusan al juzgador de “parcialidad” a favor del ayuntamiento
Existe el riesgo de un acuerdo arbitrario, advierte defensor de los comuneros
Los comuneros de Santa María Tequepexpan, cuyos territorios se ubican en Tlaquepaque y Guadalajara, buscan hacer a un lado al juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, porque a su juicio, ha pactado con el Ayuntamiento de Guadalajara la entrega de las tierras del bosque urbano de Arboledas Sur a la inmobiliaria que fue beneficiada con el desistimiento, por parte del municipio, de un juicio civil en que reclamaba el inmueble.
Para eso, han jugado en dos bandas: el pasado 9 de julio, interpusieron denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra el juez Óscar Arturo Murguía Mesina, en la que lo acusan de “delito de amparo”. Este es el argumento: “En virtud de que la procedencia de la suspensión de plano es notoria y sin embargo el juez tercero de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el estado de Jalisco, negó la suspensión a la comunidad indígena de hecho quejosa [juicio 1545/2018], por lo que se actualiza lo dispuesto en el artículo 265 fracción II de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Se impondrá pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos día, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: […] II. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia”.
La negativa de la suspensión por parte del juez, “tiene como consecuencia que la autoridad responsable ejecutó los actos reclamados del 28 de mayo al 13 de Junio de 2018 ocasionando daños al bosque de Arboledas del Sur, derivados de la obra del bosque urbano promovida por el Ayuntamiento de Guadalajara, daños realizados en agravio de la comunidad indígena de hecho, quejosa, y los vecinos de Arboledas del Sur”.
El segundo movimiento es que, con base en esa denuncia penal, considerada “inédita” por el integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y representante de la comunidad quejosa, Pedro León Corrales, sea recusado el juez de este amparo, lo que se realizó ayer.
“Se promovió la recusación del juez con el objeto de garantizar la imparcialidad en el caso que se cuestiona y se pone en duda. Estas acciones no tienen precedente y se hacen en el contexto de la transición por cambio de gobierno y de combate a la impunidad y tráfico de influencias, que vemos ejercen el Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado con los jueces de distrito. Lo urgente del caso es que mañana [hoy] hay audiencia incidental de modificación a la suspensión de plano, y aunque no procede modificarla, existe el riesgo de un acuerdo arbitrario y por eso es fundamental”, dijo a MILENIO JALISCO.
La recusación fue entregada al propio juez impugnado, al que señalan que, “además de la negativa de la suspensión […] ha emitido diversos acuerdos en el amparo 1545/ 2018, que violan el procedimiento en agravio de la parte quejosa, que estimamos puede implicar una actuación parcial del juzgador en contra de la quejosa, que favorecen a las autoridades responsables y a la tercero Interesada [la inmobiliaria]”
Con base en esto, la audiencia para modificar la suspensión de plano, considera León Corrales, debe ser suspendida.