Congelan propuesta de castigar a apáticos
Buscan sancionar a quienes se abstengan de participar en comicios MARGARITA SE REGISTRA Anaya reta a que lo llamen a declarar en sesión pública
En la “congeladora” del Senado se encuentra una iniciativa que busca sancionar a quienes no voten, mediante la negación de su credencial de elector.
La propuesta busca crear condiciones para obtener la legitimidad necesaria de quienes ocupan los cargos de elección popular en el país y se encuentra en estudio desde el año pasado.
Fue presentada el 22 de septiembre del año pasado y desde entonces fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, señaló la senadora tamaulipeca Sandra Luz García Guajardo.
El proyecto destaca que los bajos niveles de participación hacen cada vez más necesario fortalecer nuestro sistema electoral, con el propósito de que los gobernantes sean emanados de una verdadera representatividad.
La exposición de motivos refiere que en nuestro país prevalece la desconfianza, apatía y desinterés ciudadano, por ello la búsqueda de alternativas que revitalicen la incipiente democracia mexicana.
Subraya que en América Latina existen diez países que cuentan con voto obligatorio y sancionado. Sin embargo, en México y Paraguay a pesar de contar con la reglamentación, las sanciones no se aplican.
Se explica que en México existe el fundamento legal para el voto obligatorio en la fracción III del Artículo 36 de la Constitución que establece como obligaciones del ciudadano votar en las elecciones y en las consultas populares.
De igual manera, la fracción I del artículo 38 determina que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señale la ley, sin embargo, las sanciones no se aplican. Se cree que con la implementación de sanciones o incluso endureciéndolas como en otras democracias de América Latina, se logre contrarrestar el abstencionismo y legitimar el acceso al poder, ya que en muchas ocasiones, quienes gobiernan se convierten en representantes de una minoría. En las elecciones presidenciales de 2006 con Felipe Calderón, el porcentaje de votación fue de 58.5% y disminuyó de manera considerable para 2012 con Enrique Peña Nieto, ya que el porcentaje fue de 38%.
Según se indica, los porcentajes disminuyen aún más si se trata de elección de gobernador, diputados y senadores. El actual titular del Ejecutivo federal fue electo en promedio por tan solo 16.5 por ciento de los electores y el promedio de los gobernadores es de 20%, mientras a los senadores corresponde el 16.5%.
“Lo anterior, aunado a los costos de cada elección es el claro reflejo de lo mucho que cuesta no votar. En 2009, el gasto electoral fue de 20 mil 887 millones de pesos, lo que representó un gasto promedio de 268 pesos por ciudadano inscrito en el padrón electoral”, detalló la senadora.
Si se toma en cuenta la elección intermedia, el costo promedio por elector fue de 346.7 pesos, pero si la totalidad de los mexicanos inscritos en el padrón electoral hubieran votado, el costo promedio habría sido de 153.8 pesos, lo que quiere decir que el costo de cada ciudadano que no ejerce su derecho al voto en ese año fue de 192.8 pesos, dijo.
Anteriormente las elecciones federales del año 2000 se consideraron las más costosas de América Latina, lugar que no cambió para las elecciones de 2004, lo que colocó a México como el país con mayor costo electoral no solo de América Latina sino de una lista de 36 países, tanto de África, Asia y Europa.
Sandra Luz García Guajardo sostuvo que votar debe considerarse no solo un derecho, sino una obligación que impone la democracia a fin de contribuir en la construcción del gobierno que se quiere, el cual deberá responder de manera adecuada al saberse representante de la mayoría de los ciudadanos. “El gobierno y las instituciones han tenido severas crisis de credibilidad, por lo que en muchas ocasiones el rechazo a la oferta política se manifiesta no votando”. En nuestro país, el voto obligatorio a pesar de estar regulado constitucionalmente carece de los mecanismos legales o procedimientos para aplicar sanciones cuando se incumpla la obligación, sobre todo como una medida para abatir el abstencionismo tan elevado que se ha presentado tanto en elecciones federales como locales, mencionó. “Nunca será lo mismo un candidato que resultó triunfador en una elección en la que votó más del 60% de la población inscrita en la lista nominal de electores, que uno que ganó con 30%”.
La iniciativa busca reformar el artículo 447, señalando que aquellos que no acudan a emitir su voto les será suspendida la credencial de elector por un año, y en caso de reincidencia el doble de tiempo.
Excepto casos de fuerza mayor comprobada, mayores de 70 años y los que se hubieran ausentado del territorio nacional, acreditando el hecho por cualquier medio probatorio aceptado por la autoridad competente.