40 gramos de mota al mes... para andar igual
Propuesta del gobierno electo. La iniciativa, que permite el uso con fines lúdicos, médicos y comerciales, se presentará mañana luego de que se retiró de la Gaceta Parlamentaria por incluir omisiones jurídicas
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio el primer paso para despenalizar la mariguana .
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio el primer paso para despenalizar la mariguana y cambiar la política prohibicionista. Ayer se dio a conocer el contenido de la “Ley general para la regulación y control de la canabbis”, que prevé su uso con fines lúdicos, médicos, científicos, de investigación, industrial y comercial.
No obstante, la iniciativa inscrita en la Gaceta Parlamentaria del Senado por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se retiró y su presentación se pospuso para mañana, una vez que se afinen los detalles jurídicos.
Según el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se enlistó con omisiones jurídicas, como de dónde se obtendrá la semilla para sembrar las 20 plantas de cannabis y cuál será el mecanismo para liberar a los recluidos por portación, producción o consumo, que tienen que plantearse en la ley de amnistía.
La propuesta del equipo de transición, que reconoce el libre desarrollo de la personalidad, permite que los consumidores se registren en un padrón anónimo y fumen su cannabis en espacios públicos, excepto en los libres de humo de tabaco.
También autoriza, con permisos de 10 años y renovables, sembrar hasta 20 plantas y producir 480 gramos anuales, es decir, 40 gramos mensuales; a los enfermos que requieran más mariguana se les extenderá el permiso para producir una cantidad mayor.
Los estados y municipios serán los encargados de entregar 15 permisos y licencias distintos; se podrán conformar cooperativas con hasta 150 socios que producirán los 480 gramos al año con sus 20 plantas y el resto lo deben donar a instituciones científicas.
Con esta iniciativa se despenaliza la cadena de siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, portación y consumo de la planta y sus derivados con fines personales, científicos y comerciales.
Tiene como objetivos la protección de la salud pública, con especial énfasis en el interés superior del infancia y la adolescencia; la reducción del consumo problemático y el desplazamiento del mercado informal.
La iniciativa señala que habrá mariguana de consumo interno y de exportación, pero no se podrá publicitar en medios ningún tramo de la cadena. Queda estrictamente prohibido el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos a niños y jóvenes.
Tampoco está permitido emplear a menores en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis. Asimismo se establece que que- da permitido sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas destinadas para consumo personal en propiedad privada.
Ello siempre y cuando la producción no sobrepase los 480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas en un padrón anónimo ante el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis.
La ley planteada echa abajo la política prohibicionista de los últimos dos sexenios, conocida como la “guerra contra el narcotráfico”, que ha dejado 234 mil 996 delitos dolosos en 12 años, resaltó Sánchez Cordero.
Detalló que se propone un modelo “de regulación legal estricta, es decir, el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado”, con un comercio legal regulado y monitoreado en toda la cadena de valor.
Planteó sanciones administrativas, como trabajos comunitarias hasta por 36 horas y sanciones económicas de hasta 8 mil unidades de UMA en casos de reincidencia, equivalentes a 644 mil pesos; el retiro de licencias de conducir o de cualquiera de los 15 tipos que se expedirán.
En el articulado transitorio se indica que los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes.
Las autoridades deberán, en 30 días, elaborar programas de excarcelación de personas susceptibles de beneficiarse de la ley, los cuales se ejecutarán en un periodo no menor a dos meses a partir de su determinación.