LEGISLAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Es fundamental aplicar cambios profundos a nivel jurídico y legislativo que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son condiciones necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan acabar con el hambre, la pobreza y la desigualdad, en el marco de los derechos humanos. Estos requisitos previos son considerados, en la Agenda 2030, como un objetivo en sí mismo con metas específicas1.
Para ello, se considera fundamental aplicar cambios profundos a nivel jurídico y legislativo que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres. El consenso logrado entre los países para avanzar en los objetivos de esta agenda reconoce que, sin el avance de la mitad de la población, es decir, las mujeres y las niñas, el desarrollo sostenible es sólo una buena intención.
Los 17 ODS comprometidos en la agenda internacional contemplan con claridad los principales obstáculos que la desigualdad y la discriminación por razones de género imponen al logro de cada uno de ellos. Por esta razón, con el consenso de todos los gobiernos, se consideró a la igualdad de género como eje transversal de todos los ODS, y se comprometieron a realizar todos los esfuerzos a su alcance para incluir medidas específicas, tanto en el ámbito legislativo como en el de las políticas, programas, planes y presupuestos, buscando con ello derribar obstáculos que enfrentan las mujeres para beneficiarse de los avances del desarrollo y ejercer sus derechos.
En México, como en muchos otros países, las mujeres siguen teniendo una escasa o nula participación en los puestos de toma de decisiones y de liderazgo, tanto en el sector público como privado; son objeto de discriminación en el mercado laboral, lo que se traduce en desigualdad salarial, violaciones en el ejercicio de sus derechos reproductivos, y hostigamiento y acoso sexual; son responsables de la mayor parte de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; continúan siendo víctimas de distintos tipos de violencia por razones de género, ya sea sexual, física, psicológica, patrimonial o económica, por parte de sus parejas o de familiares y desconocidos; son blanco continuo de prácticas discriminatorias y dañinas, como la unión temprana y el embarazo infantil y adolescente.
En este contexto, es claro que se requiere alcanzar amplios consensos e intensificar los esfuerzos de todos los poderes y órdenes de gobierno, y llevar a cabo las transformaciones profundas para avanzar en la Agenda 2030.
En el ámbito federal se han dado pasos importantes en materia legislativa para erradicar disposiciones discriminatorias en las leyes y normas, y para contar con instrumentos de política que han permitido avanzar de manera significativa en la gobernanza para la igualdad. Pero estos esfuerzos todavía son insuficientes, no sólo porque aún se requieren reformas importantes para que la política pública en ese nivel se institucionalice y de resultados. También porque los Estados no han logrado conseguir los estándares mínimos que impone la política nacional de igualdad.
Todavía existe una buena cantidad de entidades federativas que no cuentan con mandatos específicos sobre igualdad de género en sus leyes de planeación, de presupuestos y responsabilidad hacendaria, y que sus planes estatales de desarrollo ignoran este componente fundamental de política pública; seguimos teniendo un importante rezago en muchas entidades que aún no logran armonizar sus leyes de igualdad de género y de acceso a una vida libre de violencia con los estándares nacionales e internacionales.
Adicionalmente, aún hay Estados que carecen de Programa de Igualdad entre mujeres y hombres, a pesar de que cuentan con una instancia para el adelanto de las mujeres (en su mayoría institutos estatales de las mujeres).
Legislar con perspectiva de género significa revisar y asegurar que la política nacional de igualdad descanse sobre cimientos firmes, armonizados en todo el territorio nacional, más allá de la buena o nula voluntad de los gobernantes. Se requiere asegurar que los “aceleradores” contemplados en los ODS en materia de igualdad de género efectivamente sean considerados como medidas especiales que puedan servir como catalizadores para el cambio de la realidad vivida por las mujeres y las niñas de nuestro país. [1] La Agenda 2030, fue adoptada en septiembre de 2015. En su negociación participaron todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se comprometieron a hacerla válida durante 15 años. En el documento final derivado de dicha negociación se asienta el compromiso de los estados en su apropiación y la puesta en marcha de los países.