Reajustarán pago de daños a futbolistas heridos en Iguala
Determina que con base a la gravedad del hecho, la indemnización de 3 mil 500 dólares que les había ofrecido la CEAV era inapropiada
Tribunal desecha por improcedentes los 43 recursos contra comisión de la verdad
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a cinco jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, que obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a otorgar una justa indemnización y reparación integral del daño, así como a 16 de sus familiares.
Por unanimidad, la Sala avaló los proyectos de sentencia de los ministros Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán, quienes propusieron conceder la protección de la justicia a los quejosos.
Los deportistas fueron víctimas de los ataques que se suscitaron en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, que derivaron en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el incidente, un menor de edad perdió la vida.
Durante la sesión de este miércoles, los ministros Medina Mora y Pérez Dayán propusieron dejar sin efecto la resolución del 11 de octubre de 2016 dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Medina Mora dio a conocer en su proyecto de sentencia que la CEAV aprobó para las víctimas directas, identificadas como Mario Antonio “N”, Félix “N”, Omar “N” y Felipe Eduardo “N”, la cantidad de 3 mil 500 dólares para cada uno, solo por lo que hace al daño físico que sufrieron.
Al tipo de cambio del 11 de octubre de 2016 era de 18.87 pesos; el equivalente, con cargo a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fue de 66 mil 75 pesos por persona.
La CEAV basó su resolución en el caso Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); por ello la comisión consideró que a los cuatro jugadores debía pagárseles exactamente la misma cantidad que la (CIDH) otorgó a las víctimas en aquel caso.
El ministro Medina Mora cuestionó la decisión de la CEAV y enfatizó que la comisión renunció “a la obligación de examinar la cuantificación del daño físico de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso”.
Mientras, en el amparo en revisión 283/2018 promovido por Norma “N” a favor de su hijo, el ministro Pérez Dayán estimó que la mera aplicación de la jurisprudencia interamericana y la condena por los mismos montos indemnizatorios que se establecen en ella en dólares, es del todo insuficiente e inapropiada para individualizar el daño físico que deba otorgarse a las víctimas del delito.
Pérez Dayán detalló que la cuantificación del daño físico debe basarse “en la apreciación prudente y equitativa de las circunstancias particulares, pues son éstas las que permiten que el monto a indemnizar responda, efectivamente, a la proporcionalidad de los daños físicos que en el caso específico deparó el delito”.
En ambos casos, los ministros ordenaron dejar sin efecto la resolución de la comisión y coincidieron en manifestar que no basta indemnizar, sino en lograr la íntegra reparación del daño generado por el delito.
Ahora, la CEAV deberá integrar debidamente el expediente de las víctimas, volver a cuantificar el pago de daños físicos y morales, y fijar en equidad una compensación en dinero por concepto de gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación, no solo para las víctimas directas, sino también para las indirectas.
Desechan 43 recursos
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito desechó por “notoriamente improcedente” los 43 recursos de revisión extraordinaria que se presentaron contra la sentencia que ordena crear la comisión de la verdad del caso Iguala.
Los recursos fueron interpuestos por el presidente Enrique Peña Nieto, a través del consejero jurídico Misha Leonel Granados Fernández, así como por la Cámara de Diputados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República.
Las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Salud, Hacienda y la Policía Federal hicieron lo mismo, junto con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, un agente del Ministerio Público Federal y cinco elementos del Ejército. m