Roberto Hernández

Muchas de las reformas hechas a la Ley de Obras Públicas tienen poco que ver con las propuestas originalmente sugeridas.

La iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas presentada por el Ejecutivo y su aprobación por parte de la Cámara de Diputados pasó como un gol maestro entre las piernas de la industria en general, pues hasta mediados de marzo nadie se había dado cuenta de que muchas de sus reformas tenían poco que ver con las propuestas originalmente sugeridas.

Con esto queda claro que a alguien se le olvidó revisar que sí coincidieran con lo que se pidió en el lejano 2012, cuando la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ( CMIC) generó un grupo de trabajo integrado por varias organizaciones, en las que se presentaron los puntos específicos que son inaceptables.

En mayo de ese año, la CMIC y otras organizaciones lideraron cambios como la necesidad de que en este ordenamiento se cuente con un capítulo especial para Servicios Relacionados con la Obra Pública, que durante años la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) lleva persiguiendo sin éxito, no obstante su claro beneficio. Dicho proceso tardó meses en concretarse y se logró una serie de propuestas concretas por parte de la CMIC, la CNEC, la ICC y la Barra Mexicana Colegio de Abogados, entre muchos otros, con temas que por años les han afectado y que consideraron, demasiado optimistas, que podrían solventarse.

Cabe hacer notar que desde finales de 2012 hasta noviembre de 2014 las propuestas al pare- cer pasaron por varias manos, incluidas las secretarías de Hacienda (SHCP) y de la Función Pública (SFP), hasta que finalmente vio la luz una iniciativa que lamentablemente estaba muy lejos de contener el resultado de trabajo de todos estos grupos interesados en un mejor régimen e incluso con aspectos contrarios a la propia industria.

Lo grave es que, mientras la propuesta llegaba al Senado, en enero de 2012 hubo un evento del Comité de Solución de Controversias en Infraestructura de la International Chamber of Commerce Mexico (ICC México), que actualmente presido, en el que hubo presentaciones del tema que hicieron ver a abogados, ingenieros y arquitectos lo grave de muchos de los cambios, pues en lugar de fortalecer y apoyar al buen desarrollo de la obra pública, lo complicarían.

Al terminar de escribir esta columna se sabía poco de lo que iba a pasar en el Senado con las reformas a esta ley, que es tan importante, aunque la federación haya decidido darle tan poco uso en la práctica desde hace ya casi tres años.

Sin embargo, con esta situación me vienen varias lecciones a la mente: La primera es que no es clara la forma en que las autoridades escuchan a los usuarios que preocupados externan sus opiniones y necesidades sobre el régimen existente. La segunda es que en muchas ocasiones es muy poco clara la comunicación entre las autoridades y los particulares sobre las reformas legales. Finalmente es importante decir que la sociedad civil tiene que ser más proactiva y efectiva en defender sus propios intereses en un ambiente poco receptivo a las inquietudes ciudadanas.

Nadie se había dado cuenta de que muchas de sus reformas tenían poco que ver con las propuestas originalmente sugeridas”