Franco Bucio
Los sismos nos han dejado la oportunidad para empoderar a los interesados en comprar o rentar vivienda.
Para la industria de la construcción, la orientación e intereses del Presidente de la República son fundamentales para saber hacia dónde se perfilan los vientos del sector.
Durante el 29 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en marzo, los candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, expresaron sus ideas principales en esta materia. Anaya enfatizó la necesidad de un plan nacional de infraestructura que trascienda los gobiernos, el sexenio, y plantee una ruta estratégica. E hizo consideraciones importantes para erradicar los sobornos.
José Antonio Meade destacó la falta de financiamiento para la infraestructura, y recordó las diversas alternativas en este sentido, así como la necesidad de crear un banco de proyectos con una mejor planeación. Propuso contrataciones públicas abiertas y mejora de los mecanismos legales para terminar con el cohecho.
Andrés Manuel López Obrador mencionó la necesidad de hacer pocos proyectos pero buenos, con la mayor cobertura geográfica, para impedir que se concentren en algunas entidades. De alguna forma enfatizó la posible participación público-privada de proyectos específicos.
Si pudiéramos unir las tres propuestas tendríamos una excelente. Pero pareciera que los candidatos no se atreven a hacer planteamientos holísticos, integrales, y transformadores de la infraestructura en el país.
Uno de los temas que siempre queda pendiente es la inclusión de mecanismos efectivos para la solución de controversias. Hoy, los contratistas de obra pública federal sólo pueden acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolver las controversias, en lugar de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, contando con 30 días después del acto que da origen.
En muchos casos, ese tiempo es insuficiente y, a veces, los contratistas ni siquiera saben que lo tienen, con lo que pierden el derecho a que la controversia se plantee en un ámbito imparcial. Lo mismo sucede cuando se inician procedimientos de conciliación, donde el plazo para presentar una demanda coincide con el tiempo en el que la conciliación ocurre, y los primeros, no suspenden los segundos.
Hace poco, un ingeniero me aclaró que las demandas eran el extremo de la relación contractual, y estoy plenamente de acuerdo, pero el sistema legal actual orilla a aquellos que no quieren perder su derecho (entiéndase, dinero) a iniciar acciones legales o bien incurrir en actos de corrupción para resolver sus temas.
El replanteamiento de los medios de solución de controversias en el sector de la construcción y de la infraestructura, no solamente es necesario, sino fundamental, para tener un sistema sano que permita a los ejecutores dedicarse al proyecto, mientras mecanismos paralelos permiten resolver las controversias sin romper lanzas.
Los candidatos no se atreven a hacer planteamientos holísticos, integrales y transformadores de la infraestructura en el país”