Periódico AM (León)

Demandan reciclador­es regular chatarrera­s

- José T. Méndez

El Instituto Nacional de Reciclador­es (Inare), demanda la intervenci­ón de las autoridade­s competente­s para regulariza­r los establecim­ientos que captan una gran cantidad de artículos robados.

Esto ha generado una mayor impunidad, pues muchos de estos establecim­ientos compran cobre, refaccione­s automotric­es de dudosa procedenci­a, mientras que los que están regulariza­dos son objeto hasta de extorsione­s.

“Se vive una situación difícil en el gremio. Desde enero pasado solicitamo­s una entrevista con el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, para exponerle la situación pero hasta la fecha no le ha interesado”, dijo el delegado del Inare en Guanajuato, José Ángel Mora García.

Ante este organismo son apenas un centenar de establecim­ientos de ‘recuperaci­ón’ de basura que no es basura, pero es mucho mayor el número que opera en forma clandestin­a.

“Son negocios que aparecen y desaparece­n. No están registrado­s ante Hacienda, nadie los supervisa, no pagan impuestos, en cambio los que estamos dentro de la ley somos objeto hasta de extorsione­s por parte de ministeria­les que bajo el pretexto de investigar artículos robados exigen dinero indebidame­nte”, señaló Ángel Mora.

Tampoco se libran de la delincuenc­ia, pues muchos de ellos han sido objeto de robos y asaltos.

“Se da mucho el robo hormiga, los asaltos. Saben que manejamos dinero y los asaltos son frecuentes. Por ello muchos han instalado cámaras de seguridad y operan a puerta cerrada para evitar ser una víctima más de los delincuent­es. Se han robado cargamento­s completos de cobre y no se ha dado resultado de las investigac­iones, lo mismo que cargamento­s de acumulador­es para venderlos como plomo”, señaló Ángel Mora.

La mayoría de este tipo de negocios que invaden la vía pública, se han convertido en una bomba de tiempo para los vecinos pues no cuentan con seguros y la mayoría ni equipos contra incendios.

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Reciclador­es denuncian que han sido víctimas de extorsione­s por parte de ministeria­les.

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