Caso cerrado vs Caso resuelto
da —o no— la certidumbre que necesita para funcionar.
Es decir: en la medida en que sabemos que los crímenes son perseguidos y castigados, podemos salir a la calle, estudiar, trabajar, hacer negocios, transacciones, relacionarnos.
Cuando no tenemos esa certeza mínima que nos debe nuestro Gobierno, es que las cosas empiezan a descomponerse: El mejor aliciente para el delito es la impunidad, ello no es una idea novedosa aunque no por esto menos cierta.
Si un crimen ocurrido cobra mayor importancia, ya sea por la relevancia de sus actores (víctimas y/o perpetradores), lo inusual, lo cruento, lo cuantioso, es inevitable que cautive la atención de los medios y de la sociedad. Por consiguiente, todos estaremos muy pendientes de la actuación de la autoridad y de la resolución que finalmente se le dé al caso.
Reitero que la relevancia de los involucrados le preocupa de manera muy especial a una sociedad, pues “si un notable es la víctima y no recibe justicia, ¿qué puede esperar el resto de las personas de la comunidad?”.
Estos casos se convierten, al menos para la percepción ciudadana, en el termómetro de nuestra situación judicial.
Hace 19 años el teleconductor y por un tiempo, la figura más conocida de las pantallas domésticas, Francisco “Paco” Stanley fue asesinado para horror de una sociedad mexicana que todavía no se familiarizaba con la truculencia como fórmula cotidiana. Aunque años antes, el asesinato del candidato oficial a la Presidencia nos despertó a una nueva era de terror-política.
En ambos casos la sombra de duda pesó sobre la actuación de las autoridades, no obstante, la sociedad reclamaba en uno y otro homicidio, respuestas cabales que les permitieran recuperar la tranquilidad robada.
Aquí es donde la autoridad nos llega a ofrecer una respuesta aunque no necesariamente la verdad:
La tesis oficial de un “Aburto homicida solitario”, por ejemplo, aunque posible, nunca pareció encajar con el contexto y seguimos desde entonces esperando otra versión esclarecedora, congruente con todos los demás hechos adyacentes, colaterales y resultantes.
Aunque Coahuila se acaba de estremecer por dos episodios violentos, desgraciadamente estamos ya demasiado curtidos en nuestra capacidad de asombro como para trastocar nuestra vida cotidiana. No obstante, supongo que en otro tiempo, la zozobra nos habría embargado por semanas.
La postura oficial del Gobierno es que, por supuesto, la tranquilidad para los comicios está garantizada. Sin embargo, lo que motiva dicha declaración es la prueba más fehaciente de que no es así.
Presentar un indiciado, un presunto culpable o incluso, un homicida confeso en este País es realmente muy poca cosa.
Lo que necesita la sociedad es una versión consistente y verificable, sin suposiciones, y una verdad jurídica que esté en consonancia con la verdad histórica más plausible.
Necesitamos casos debidamente resueltos y no sólo mamotretos mal integrados y peor dictaminados, listos para el pronto carpetazo.
La verdad es lo único que puede ayudar a restaurar nuestra confianza en las leyes, en la autoridad y en el Gobierno. Los carpetazos al vapor y la palabrería demagógica en cambio, sólo incrementan nuestro desasosiego e incertidumbre.
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