¿Quién carga con el muerto?

El 16 de octubre de 2016, el procurador general Roberto Moreno admitió que el Estado ya perdió los 15.000 millones de guaraníes que en 2013 destinó al pago de la deuda que tenía la quebrada Azucarera Iturbe SA con sus obreros, proveedores y transportistas. La gente tiene derecho a creer que el dinero ya se ha perdido definitivamente y de responsabilizar del grave perjuicio sufrido por el fisco al presidente Horacio Cartes, al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y a los legisladores que, desoyendo sensatas advertencias, sancionaron una rimbombante ley de salvataje de una empresa en ruinas. Como era previsible, en vez de volver a operar, lo que la azucarera hizo fue efectuar una convocatoria de acreedores y entregar sus instalaciones a un banco fideicomisario para que las remate para saldar una deuda con otros dos bancos. El 3 de setiembre de 2015, el procurador general solicitó la declaración judicial de quiebra, para que el Estado “cobre algo de lo que puso”. ¿Y del remanente que quede sin cobrar? ¿Quién carga con el muerto? Todo el país debe soportar ahora las consecuencias del notorio despropósito, denunciado en su momento por este diario ante la evidencia de que el pretendido salvataje no era más que un engaño para dar rienda suelta a un desembozado populismo.