Crimen sin castigo
Las miserias de nuestro sistema de justicia nunca han sido tan evidentes como ahora: la odiosa diferencia de rigor con que se persigue a algunos, mientras se permite a otros incumplir las normas del confinamiento; los evidentes, burdos y sistemáticos esfuerzos de una gran parte de los fiscales y jueces para poner a salvo del castigo a los criminales que se han abalanzado, como buitres hambrientos, sobre los recursos extraordinarios para la crisis sanitaria, social y económica.
Desde luego, el gobierno es tolerante y timorato con los ladrones, desde luego el parlamento se ha convertido en cómplice amparándolos y defendiéndolos y tienen por ello responsabilidad en la corrupción; pero es el sistema de justicia en su conjunto el encargado de perseguir el delito y establecer la relación entre la gravedad del crimen y el rigor del castigo y, en consecuencia, la causa primera y principal responsable de la impunidad con que los corruptos actúan.
Cuando digo que es todo el sistema de justicia incluyo, sin excepción, a todas las instituciones encargadas de la persecución del delito: policías, fiscales, jueces, camaristas, ministros de la corte e integrantes de los organismos encargados de nombrar y de vigilar el buen desempeño de jueces y fiscales. De punta a punta el sistema hace aguas.
En la base de la pirámide, mayoritariamente los policías son prepotentes con los débiles, pero sumisos con los poderosos, incluyendo a los mafiosos de los que con cierta frecuencia son asalariados. Muchos fiscales investigan con demasiado rigor a algunos y poco o nada a algunos otros. Muchos jueces se especializan en blanquear o dictar sentencias ridículamente desproporcionadas al delito.
En la punta de la pirámide, camaristas, ministros, integrantes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados arrastran un merecido desprestigio por su absoluta sumisión a decisiones políticas que nada tienen que ver ni con la ley ni con la justicia; hasta el punto que uno se pregunta si para ascender en el Poder Judicial es más valioso un prontuario que un currículum vitae.
Para variar, nada de esto es nuevo. Todos recordamos para qué usó González Daher el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Sindulfo Blanco la Corte Suprema de Justicia, por citar solo los dos ejemplos más llamativos entre muchos. La pandemia, una vez más, no es la causa del problema, sino el lente que nos está mostrando la terrible realidad en profundidad, con todo detalle y en toda su terrible gravedad.
“Paraguay es un Estado fallido” me comentaba un lector y yo agrego que la causa principal de que así sea está en el desastroso desempeño del sistema de justicia. Lo he dicho otras veces, pero creo que en las circunstancias actuales se comprenderá mejor: una nación puede sobrellevar malos gobiernos y malos parlamentos; pero no sobrevivirá a un mal sistema de justicia… Esa es la razón por la que el sistema jurídico con el que se gobiernan las democracias se llama Estado de Derecho.
Una mala justicia no solo disuelve el principio de igualdad ante la ley, sino que quiebra los mecanismos de cohesión del tejido social al instaurar, en lugar de una red de persecución de la delincuencia, un mecanismo de protección de los delincuentes. Cuando demasiados crímenes no tienen castigo, de manera gradual se va instalando en cada vez más amplios sectores de la población la idea de que tal crimen no es un delito.
El robo generalizado de dinero público estaba generado ya este tipo de fenómeno en la sociedad paraguaya. Lo que significa que ya no actuábamos como un sistema social saludable, sino como un conglomerado sectorial en permanente conflicto. Para exponer las consecuencias en una forma simple pero eficaz, usando nuestro idioma guaraní: el “ñande” dejó de existir, solo existe “che” y “ore”, pero este último solo provisionalmente cuando conviene.
Por citar un ejemplo que no es mío, pero que me pareció muy adecuado: si el peligro actual fuera una guerra, en lugar de una pandemia, el ejército paraguayo llegaría al campo de batalla sin armamento ni municiones, porque alguien se habría apropiado los recursos… Si creen que es exagerado recuerden que eso mismo es lo que le pasó a Argentina en la Guerra de las Malvinas.
Da en verdad vergüenza ajena ver a un ex Fiscal General del Estado procesado por corrupción y a la actual repartiendo dádivas y ayudas para incumplir la cuarentena, mientras extrema el rigor con los infractores “comunachos”. Es penoso ver tratados como grandes señores por fiscales y jueces a personas que no solo debieran estar procesadas por robo, sino también por poner en riesgo la salud y la vida de miles de compatriotas. De hecho, la gran mayoría de esos delincuentes no habrían sido molestados por la justicia si no fuera por la presión del creciente y cada vez más furioso enojo ciudadano.
La epidemia de crímenes sin castigo es muy anterior al coronavirus. Sin embargo, parece que uno de los pocos síntomas positivos de la pandemia es que, sanos o enfermos, los ciudadanos promedio han perdido la paciencia y, en consecuencia, la tolerancia a la corrupción es actualmente muy cercana a cero. Puede que las sanguijuelas enquistadas en la administración y sus cómplices de las “empresas de maletín” hayan desterrado el ñande de sus diccionarios, pero la ciudadanía lo está recobrando.