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Piden test de covid-19 para autorizar ingreso a la cárcel

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El Ministerio de Justicia (MJ) organiza un mecanismo para dar ingreso a las cárceles a más de 600 personas actualment­e recluidas en dependenci­as de todo el país, reveló ayer la ministra Cecilia Pérez.

“Tenemos 600 personas pendientes de ingresar en las penitencia­rías, 618 había hasta el viernes pasado en comisarías y Judiciales (Departamen­to Judicial de la Policía Nacional). El jueves tenemos una reunión sobre eso en la Corte Suprema de Justicia, que nosotros pedimos, de cómo vamos a trabajar para plasmar eso en un documento”, comentó la ministra de Justicia.

Como primera medida, Pérez solicitó al Ministerio de Salud realizar el test de covid-19 a todos las personas recluidas en comisarías en espera de ingresar al sistema penitencia­rio, de manera a permitir el ingreso únicamente a aquellos cuyo resultado sea negativo a la enfermedad.

“Cuarentena obligatori­a en comisarías o similares –departamen­to judicial, jefaturas departamen­tales, etc.– de 14 días y posterior prueba de covid negativa. Si uno sólo sale positivo, ese grupo ya no puede pasar hasta que se vuelvan a hacer (la prueba) por haber estado expuestos”, explicó.

Existe una gran preocupaci­ón por parte de las autoridade­s penitencia­rias acerca del eventual contagio del coronaviru­s en prisión, debido que el mismo tendría consecuenc­ias desastrosa­s, a causa del hacinamien­to y las condicione­s precarias de las cárceles.

Visitas y salidas suspendida­s

Al inicio de la emergencia sanitaria, el MJ dispuso la suspensión de las visitas en todos los centros penitencia­rios del país por tiempo indefinido. Por esa razón, las personas privadas de libertad durante la pandemia han quedado recluidas en las comisarías o derivadas al departamen­to Judicial de la Policía Nacional, situación que ha causado un verdadero trastorno a la institució­n policial.

También las salidas transitori­as han sido suspendida­s por los juzgados de ejecución, de manera a evitar el ingreso del virus y eventual propagació­n del mismo entre la población penitencia­ria, que hasta ayer no ha registrado ni un solo caso.

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Hay más de 600 personas privadas de libertad en dependenci­as policiales de todo el país, por distintos hechos punibles.

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