Con tufo extorsivo
El planteamiento del ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, en el “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y la Municipalidad de Encarnación, para la cooperación en la atención a pacientes neonatales y pediátricos”, que fue presentada días atrás y rechazada por el municipio, se parece mucho a una propuesta extorsiva. Te damos lo que necesitan, pero a cambio nos adueñamos del bien. El proyecto de convenio presentado por la cartera de Estado tiene por propósito asegurar la continuidad de funcionamiento del Hospital Pediátrico Municipal (HPM), integrado al programa de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Mediante este programa, el HPM, una institución que depende administrativa y económicamente de la Comuna pasó a integrar el sistema de salud del Estado y fue asignado para absorber las atenciones sanitarias pediátricas tanto del Hospital Regional de Encarnación como del Hospital Regional del IPS. El IPS, por su parte, fue designado como centro de recepción para casos que tengan que ver con enfermedades respiratorias, en un muy bien pensado sistema que busca aislar a pacientes que pudieran ser afectados por el covid-19 del resto de pacientes. Hasta aquí todo estuvo marchando viento en popa. El problema surgió a la hora de pagar las cuentas. El HPM, que depende para su funcionamiento del arancel hospitalario por servicios, y de un rubro que aporta la Municipalidad se encontró sin recursos para cubrir sus necesidades. Esto se debió a que al integrarse al sistema sanitario del Ministerio de Salud Pública se impuso la gratuidad de atención, lo que le priva de sus habituales ingresos, y se sumó al problema el que la Municipalidad atraviesa una grave crisis en materia de recaudación tributaria, por las razones que todos conocemos, provocada por la pandemia. El punto es que el HPM, literalmente, se quedó sin “combustible” para seguir funcionando. Son unos G. 640 millones que necesita en forma mensual para pagar salarios de personal de blanco y administrativo, técnicos, costos de mantenimiento, insumos, entre otros. En este contexto, parece razonable que el Ministerio de Salud cubra, si no todo, al menos buena parte de los gastos que demanda el mantenimiento de la unidad sanitaria, atendiendo a que la misma pasó a cubrir un servicio que debería brindar esta secretaría de Estado a través de su unidad local, que es el hospital regional. Lo que no parece razonable, y hasta tiene un fuerte tufo a extorsión es lo contenido en la cláusula quinta del convenio propuesto por el ministerio a la Comuna, donde plantea que “la dirección administrativa y médica estará a cargo de la VII Región Sanitaria”. En este punto el ministro Mazzoleni propone como condición para aportar el “combustible” a le transfieran el dominio sobre el vehículo, y el cambio de chofer, para poner al mando de la ambulancia a un conductor de dudosa capacidad para cumplir con la tarea. Me inclino por conceder a Mazzoleni el beneficio de la duda respecto de las pulseadas de intereses políticos, y hasta mezquindades personales que puedan estar agazapadas detrás de la propuesta de desplazar de la esfera de la administración del hospital a un gobierno municipal “opositor”, que hizo del HPM una de sus más importantes banderas de gestión y que es una de sus mejores cartas de presentación. El Ministerio de Salud Pública es la institución del Estado que tiene la responsabilidad de dictar la política sanitaria de la nación. En ese marco de responsabilidades el ministro asumió con acertado criterio la ruta a seguir para salir de este atolladero en que nos encontramos por causa del covid-19. Pero, en este caso del HPM y el condicionamiento que se busca imponer provoca razonables dudas sobre si el criterio aplicado se funda en una política sanitaria o responde a esa maldita politiquería que arruina toda buena iniciativa, impulsada por ciertos entornos que buscan apropiarse del éxito ajeno, por conveniencia propagandística o por simple codicia.