El plan depende de las medidas de frontera
El Ministerio de Hacienda sigue abocado en cerrar primero todos los detalles del plan de reactivación del comercio fronterizo y de esto depende la fecha de presentación del denominado plan de recuperación económica, que será implementado en el segundo semestre del año, según trascendió ayer desde la cartera.
El plan de reactivación fronteriza fue anunciado el jueves de la semana pasada por los ministros del Equipo Económico y las medidas a ser impulsadas deberán ser establecidas por decreto del Poder Ejecutivo, un documento que en las principales ciudades fronterizas están aguardando, como es el caso de Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero.
Las medidas incluían reducir los costos operativos con la Dinac y Aduanas, de las tasas portuarias, así como de los aranceles de 78 productos específicos, disminución en el impuesto selectivo al consumo a los artículos de electrónica y celulares.
El plan de recuperación económica, dentro del cual está incluido el comercio fronterizo, está prácticamente listo para su presentación. Según un informe de Hacienda, que recoge las declaraciones del viceministro de Economía, Humberto Colmán, la inyección financiera rondaría los US$ 2.200 millones. De este monto, entre US$ 1.300 millones a US$ 1.400 millones serán destinados a la ejecución de obras públicas.
Expresa que se financiará movilizando recursos que ya se tienen, reasignando los fondos de la ley de emergencia sanitaria que no se ejecutaron, así como también recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), pero no se descarta la emisión de bonos por un monto de US$ 200 millones.
Además, destaca que incluye reformas institucionales con proyectos legislativos como el de la Función Pública, la carta orgánica de AFD, Ley de Administración de Pasivos, Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, entre otros.
El plan también incluye líneas de crédito a largo plazo, con bajas tasas de interés, para producción, reconversión comercial y capital para emprendedores; un fondo de garantía para viviendas de familias con ingresos medios.