Educación y democracia
El gobierno de nuestro sistema educativo se mantiene lejos de la democracia y conserva hábitos propios de las dictaduras; atropella artículos fundamentales referentes a la educación en la Constitución Nacional y en las leyes del sector, al mismo tiempo que sostiene impunemente abusos de poder.
El artículo 77 de la Constitución dice literalmente: “…La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas”. La realidad es que el ministro de Educación y Ciencias con sus colaboradores inmediatos decide e impone todo lo que se refiere a la organización y administración del sistema educativo, sin ninguna participación de las comunidades educativas. Es más la organización de las comunidades educativas y su funcionamiento son más espejismo que realidad, tan débiles, aisladas y desestructuradas, sin asociación de las mismas a nivel nacional, que son estériles y manipulables y a pesar de eso son temidas por los profesores y las autoridades educativas, que prefieren que no existan para no tener grupos organizados de potencial oposición.
En vez de contribuir a su organización, funcionamiento y empoderamiento se prefiere obviar esta instancia democrática constitucional. En este estado es inviable el mandato de la Constitución y el ministro con los colaboradores de su confianza, dependientes de él, toma a solas todas las decisiones sobre la organización del sistema educativo. Tiene limpio el camino para abusar del poder.
Con este comportamiento se destruye uno de los “principios democráticos”, el de la participación y se infringe además el artículo 73 de la misma Constitución, que obliga al “respeto de los principios democráticos”, que es uno de los fines de la educación. Este modo autócrata de gobernar atropella también cinco artículos de la ley 1.264/98 General de Educación, los artículos 12, 16, 19, 20 y 22, que destacan el carácter democrático del sistema y la educación paraguaya.
Por falta de espacio comento solamente el artículo 19, poco conocido y nada respetado. Dice así: “El Estado definirá y fijará la política educativa, en consulta permanente con la sociedad, a través de sus instituciones y organizaciones involucradas en la educación, respetando los derechos, obligaciones, fines y principios establecidos en esta ley. La política educativa buscará la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, evaluando rendimientos e incentivando la innovación. Las autoridades educativas no estarán autorizadas a privilegiar uno de estos criterios en desmedro de los otros en planes de largo plazo”. Hasta aquí el texto de este importante artículo de la Ley General de Educación.
¿Encuentra usted, estimado y paciente conciudadano, alguna semejanza entre lo que ordena este artículo democrático y nuestra realidad? La política educativa la definen y fijan los que gobiernan el Estado, ¿dónde y cómo se procesa “la consulta permanente con la sociedad”? Ni siquiera ha existido tal consulta al inicio del gobierno. ¿Acaso los gremios de profesores de los niveles escolares y universitario, las asociaciones de directores y rectores, los gremios estudiantiles y sus padres asociados han sido consultados sobre la política educativa que debe orientar la acción gubernativa en educación? La ley obliga a todos por igual, nadie está exento de ella y menos las autoridades educativas que deben dar ejemplo precisamente por ser responsables de la dirección y administración de la educación.
Lamentablemente este espíritu autoritario y esta desobediencia a la Ley se confirma en el comportamiento de las autoridades educativas ante otra ley y ante otra institución responsable de “proponer “políticas educativas” al gobierno.
El 24 de enero de 2017 se promulgó la Ley 5749/17 que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. En virtud de esta ley, se cerró el Consejo Nacional de Educación y Cultura (CONEC) para dar paso a otro consejo semejante, (artículo 22), cuya primera responsabilidad es la de “proponer políticas educativas”.. Es significativo que hayan pasado ya tres años y ocho meses sin cumplir la ley, anulando la institución destinada a proponer políticas.
Mientras las autoridades educativas mantengan un gobierno autocrático, sin cumplir la Constitución y las leyes, no hay educación democrática y sin educación democrática no hay ni puede haber democracia. Es imposible crear sociedad democrática si el sistema educativo se organiza y administra con criterios y costumbres de dictadura.