Reiteran pedido de auditoría
El abogado Hernán Liseras urgió nuevamente a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, para que inicie la auditoría de gestión en el expediente caratulado “Jimmy Wayne Gallien y otros s/ narcotráfico y otros”, año 2016, causa N° 10341, ante presuntas, graves irregularidades.
El 18 de enero de 2018 fue la primera vez que solicitó que se audite el mencionado expediente, sin que haya recibido respuestas.
Liseras dice que fue acusado sin imputación por el delito de lavado de dinero, irregularidad reconocida por el fiscal antidrogas Cristian Roig. Agrega que existe contradicción fiscal cuando en un relato fáctico fue sobreseído de narcotráfico internacional por pedido de la fiscala adjunta Soledad Machuca, pero la fiscala Lourdes Bobadilla le acusó por lavado de dinero y asociación criminal, entre otras irregularidades.
Para hoy a las 8:00 se previó el inicio del juicio oral y público.
El tribunal está presidido por el juez Manuel Aguirre e integrado por sus colegas Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado.
Tanto la fiscala Natalia Fúster como la defensa encabezada por el abogado Óscar Latorre pidieron que se suspenda el inicio del juicio hasta que se presente el resultado de las pericias en relación a esta causa.
A esto se suma que la fiscala Fúster, de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, también debe participar del juicio oral por el caso audio, cuyo inicio está previsto para las 10.
Además, una de las fiscalas coadyuvantes (Josefina Aghemo) presentó renuncia al Ministerio Público y la otra agente (Sussy Riquelme) también se encuentra imposibilitada de asistir a la audiencia.
No obstante, el presidente del tribunal se constituirá esta mañana en la sala del juicio oral, al igual que la
fiscala Fúster para un juicio que tiene previsto realizarse vía telemática.
En noviembre de 2019, el juez Humberto Otazú decidió elevar la causa a juicio oral tras analizar la acusación fiscal que asegura que Cárdenas no pudo justificar la suma de G. 2.644.701.082 de sus bienes.
Sus hijos, Allan Israel Cárdenas Rodríguez, Justo Pastor y María Alejandra Cárdenas Pappalardo, deben afrontar el juzgamiento por presunto lavado de dinero por supuestamente intentar esconder los bienes de su padre.
Cárdenas adquirió inmuebles, acciones y vehículos por valor de G. 8.000 millones, según el Ministerio Público, y no puede justificar el origen de más de G. 2.600 millones.
Solo en rodados gastó la suma de G. 1.114 millones, mientras que adquirió inmuebles por G. 1.292 millones, a través de una empresa familiar en la que eran accionistas principales sus hijos que tenían entre 19 y 23
años de edad.
Según la acusación, Cárdenas compró en el 2011 una camioneta Nissan modelo Navara del año por la suma de US$ 28.000 (G. 111.216.000), que pagó al contado, en el 2013 compró otra camioneta Nissan, modelo Navara del año 2012 por la suma de US$ 33.658 (G. 150.236.581), en 2014 adquirió un Jeep modelo Grand Cherokee Laredo de US$ 46.000 y en 2016 una Isuzu D-MAX por US$ 28.500.
Cárdenas fue presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) durante el gobierno de Horacio Cartes.