La libertad de prensa y el precio del honor de Marta.

Los ataques a la libertad de expresión y también al ejercicio del periodismo fueron algo que marcó a la dictadura estronista, y es por ello que en la Asamblea Constituyente de 1991, los convencionales tenían muy claro que debían proteger esta conquista de las sociedades del mundo libre. Es así que el artículo 26 de la Ley Suprema consagra la libertad de expresión y de prensa, para garantizar que el periodismo cumpla con su rol de contralor del poder. La directora del diario ABC Color y uno de sus periodistas están siendo querellados penalmente al más puro estilo de épocas oscuras de nuestra historia, debido a una crítica formulada a la exviceministra de Tributación Marta Gónzalez Ayala. Además, solicita que se le abone un millón cuatrocientos mil dólares como resarcimiento, con lo que debe entenderse que ese es el precio de su honor.

Los ataques a la libertad de expresión y también al ejercicio del periodismo fueron algo que marcó a la dictadura estronista, y es por ello que en la Asamblea Constituyente de 1991, los convencionales tenían muy claro que debían proteger esta conquista de las sociedades del mundo libre, aparecida ya en el siglo XVIII. Es así, que el artículo 26 de la Ley Suprema consagra la libertad de expresión y de prensa, precisamente para garantizar que el periodismo cumpla con su rol de contralor del poder, en cualquiera de sus niveles.

La directora del diario ABC Color y uno de sus periodistas están siendo querellados penalmente al más puro estilo de épocas oscuras de nuestra historia, debido a una crítica formulada a la exviceministra de Tributación Marta Gónzalez Ayala.

Se había detectado una sospechosa contratación por la vía de excepción, al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), con sede en Panamá, por tres millones de dólares, supuestamente para actualizar el sistema de gestión Marangatu. Curiosamente, la entonces viceministra era miembro del consejo directivo de la citada organización desde el 2014, nueve meses después de acceder al cargo. La historia no termina ahí, el CIAT finalmente contrató a una firma panameña llamada IDEATI, empresa que ni siquiera es proveedora del Estado.

Este escenario es lo suficientemente sospechoso para que cualquier medio de prensa, en su tarea investigativa, indague e interpele a los funcionarios públicos, quienes se deben a la sociedad y tienen la obligación de aclarar todo lo que se les requiera en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, muchos de ellos se molestan y se ofenden cuando son requeridos, llegando incluso a iniciar acciones penales contra medios de comunicación y sus periodistas. Este es el caso de Marta González Ayala, quien junto con su cónyuge, Jacinto Santamaría, quien funge como abogado suyo, querellaron penalmente a la directora de ABC Color y al periodista que publicó los cuestionamientos, empleando el elemento de amedrentamiento judicial. Además, solicita que se le abone un millón cuatrocientos mil dólares como resarcimiento, con lo que debe entenderse que ese es el precio de su honor.

La dilucidación de un caso como el planteado por Marta González y su marido nunca debió siquiera llegar a juicio, por la protección que otorga la Constitución a la prensa en su función de contralor del poder, pero con el sistema de justicia que padece nuestro pueblo, todo es posible. Incluso, que se someta a un debate absurdo la misma libertad de expresión y de prensa prevista en el artículo 26 de la Carta Magna.

Sin olvidar que también el Código Penal Paraguayo indica que no son punibles conductas que tengan por objeto defender intereses públicos. Nuestro medio fue clausurado por años durante la dictadura, precisamente porque se convirtió en una molestia para los atropellos del estronismo y las trapisondas de sus lacayos.

Es por eso, que no será una amenaza como la de la exfuncionaria Marta González, quien pretende enriquecerse con una querella inconstitucional, la que nos hará retroceder en nuestra tarea de cuestionar e indagar las actividades de personas que no se conducen con la altura moral que demanda la sociedad paraguaya, cuando desempeñan cargos públicos.

Es ahora, responsabilidad de la justicia poner fin a este intento de amedrentamiento a la libertad de expresión y ratificar nuevamente que en los estados de derecho, la prensa debe ser contralor de la conducta de los funcionarios públicos, puesto que los mismos están al servicio del país, como indica el artículo 101 de la Constitución. Caso contrario, estaríamos ante un retroceso democrático que dañaría severamente nuestra República.