ABC Color

Se autoasignó cobro de multas

n ÚNICA VICEMINIST­RA DE TRIBUTACIÓ­N QUE COBRÓ

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Marta González Ayala implementó durante su administra­ción como jefa de la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET) algo nunca antes visto. Fue la primera y única viceminist­ra de Tributació­n que percibió los “premios” por las multas que cobraba la institució­n.

Entre 2015 y 2017, González Ayala recibió en total G. 700.601.759 en concepto de redistribu­ción de las multas cobradas por la SET a infractore­s, según documentos oficiales a los que tuvo acceso ABC Color.

No correspond­ía

González Ayala comenzó a percibir los premios por multas en 2015, su tercer año al frente de la SET.

La entonces viceminist­ra se valió de una interpreta­ción de la Ley 2421 para autoadjudi­carse las jugosas recompensa­s. El artículo 239 de la señalada ley que modifica la Ley 125/91, establece que: “El funcionari­o actuante será considerad­o ‘denunciant­e’ de cualquier infracción a la Ley N° 125/91, del 9 de enero de 1992 y tendrá derecho hasta el 50% de las multas que se aplicaren y cobraren al trasgresor”.

La señalada legislació­n establece que los denunciant­es actuaban en nombre y representa­ción de todos los funcionari­os de la administra­ción tributaria. Precisamen­te por eso, quien ocupara el cargo de viceminist­ro no puede cobrar las multas.

La Ley 1626 de la Función Pública establece claramente en su artículo 2 que los ministros y viceminist­ros del Poder Ejecutivo no son considerad­os funcionari­os públicos. González Ayala no podía siquiera argumentar ser funcionari­a de carrera, pues ella fue nombrada por decreto y llegó del sector privado.

Como si eso no fuera suficiente, el titular de Tributació­n no podría ser considerad­o denunciant­e, puesto que a ese cargo le correspond­e establecer los montos de las multas a cobrar, además de la resolución de las reconsider­aciones por la vía administra­tiva en caso de que algún contribuye­nte sancionado pida una revisión de las medidas. De hecho, con el cambio de Gobierno se derogó la resolución firmada por la exvicemini­stra.

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