No podemos seguir encerrados.
El Gobierno ha dado un paso muy importante, y a nuestro parecer correcto, al permitir la apertura de las fronteras terrestres con Brasil, al menos para las ciudades que dependen vitalmente del comercio con el país vecino. La medida se justifica no solamente desde el punto de vista económico, sino porque la situación epidemiológica de los estados brasileños limítrofes es igual o mejor que la de Paraguay. El mismo criterio se debe utilizar para ir abriendo el resto del país, permitir trabajar a los sectores excluidos, habilitar vuelos internacionales con las debidas precauciones, e ir recuperando la normalidad. No es ni posible ni sostenible ni legal pretender mantener a la población indefinidamente en una especie de búnker. La cuarentena sanitaria está vigente en el país hace siete meses, una de las más largas del mundo, y casi nadie se acuerda de sus objetivos iniciales.
El Gobierno ha dado un paso muy importante, y a nuestro parecer correcto, al permitir la apertura de las fronteras terrestres con Brasil, al menos para las ciudades que dependen vitalmente del comercio con el país vecino. La medida se justifica no solamente desde el punto de vista económico, sino porque la situación epidemiológica de los estados brasileños limítrofes es igual o mejor que la de Paraguay, por lo que ya carecía de sentido mantener el estatus anterior. El mismo criterio se debe utilizar ahora para ir abriendo el resto del país, permitir trabajar a los sectores excluidos, habilitar vuelos internacionales con las debidas precauciones e ir paulatinamente recuperando la normalidad.
No es nuestra intención subestimar la pandemia y tampoco incentivar el relajamiento de normas y protocolos sanitarios, pero no es ni posible ni sostenible ni legal, ni siquiera sano, pretender mantener a la población indefinidamente en una especie de búnker. El tercer párrafo del artículo 68 de la Constitución Nacional, “toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana”, ciertamente faculta al Estado a imponer normas de cumplimiento obligatorio por razones de salud pública. Pero esta disposición debe ser necesariamente tomada en contexto y sopesada con los derechos ciudadanos garantizados por la misma Constitución, como el de libre circulación instituido en el artículo 41: “Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse de la República o volver a ella”.
Por lo tanto, las medidas restrictivas con el argumento del covid, y sobre todo aquellas adoptadas por simple decreto, no pueden ser ni formuladas ni interpretadas de manera amplia. Deben fundarse cuidadosamente, seguir claros criterios de racionalidad, ser temporales, con plazos definidos y ajustarse a objetivos específicos y medibles. El Gobierno no puede simplemente ampararse en una vaga mención constitucional y en ambiguas referencias en el Código Sanitario para cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos de manera permanente, con prórrogas automáticas dispuestas discrecionalmente.
Un obvio punto de referencia es la figura del Estado de Excepción, a la que la Constitución Nacional le dedica todo un título y un extenso artículo (288) sobre las causales, la vigencia y los plazos. En caso de guerra o de grave conmoción interna, el Poder Ejecutivo o el Congreso pueden imponer un estado de excepción y restringir ciertas garantías constitucionales, pero no pueden hacerlo a su libre arbitrio. Deben cumplir una serie de requisitos formales y estructurales y solo por 60 días, prorrogables por hasta dos períodos de 30 días siempre que se demuestre fehacientemente que permanecen en pie las causas que lo originaron.
En cambio, la cuarentena sanitaria está vigente en el país hace siete meses, una de las más largas del mundo, ya casi nadie se acuerda ni tiene en cuenta sus objetivos iniciales, se viene prolongando por decisiones tomadas entre cuatro paredes, a total voluntad del presidente Mario Abdo Benítez, quien encima suele tener la osadía de amenazar a la población de regresar a fases más estrictas
si no se “comporta”. Al principio, cuando reinaba la incertidumbre en todo el planeta y había que actuar rápidamente para prepararse a enfrentar el peligro, todos dieron su consentimiento y se mostraron más que dispuestos a cooperar. Hoy las circunstancias y las condiciones son distintas. El objetivo primigenio de la cuarentena nunca fue no enfermarse, algo que se sabía inevitable, sino “aplanar la curva” para darle tiempo al Gobierno a poner en condiciones aceptables el sistema de salud pública.
Lo primero se cumplió razonablemente bien, gracias a la colaboración ciudadana, y lo segundo a medias, pese a que como nunca se pusieron a disposición de las autoridades todos los recursos necesarios.
Como sea, el punto es que, siete meses después, la sociedad se merece explicaciones más convincentes para seguir aceptando que se coarten sus libertades, se le impida desarrollar sus actividades lícitas, hay sectores enteros que todavía no pueden trabajar, otros que solo pueden hacerlo parcialmente, centenares de miles de empleos perdidos o precarizados.
La golpeada gente de la frontera lo hizo saber, se puso firme, y consiguió que por fin la escucharan. Con sentido común y un poco de audacia se puede avanzar mucho más. Un ejemplo es el de los vuelos internacionales, claves en un país mediterráneo como el nuestro. La virtual supresión de las conexiones aéreas con el exterior se justificaba cuando todavía no había circulación comunitaria del virus en el país y era pertinente intentar retrasar en lo posible el ingreso de la enfermedad.
Hoy ese argumento perdió toda razón de ser. Mucho más sensato sería adoptar las buenas prácticas probadas en el mundo, y confiar en un sector, como el de la aeronáutica comercial, que tiene muchísima experiencia en la aplicación de medidas de seguridad.
La cuarentena interminable ha dejado de ser una opción, el país tiene que volver a la normalidad en un plazo previsible, tarde o temprano tendremos que convivir con el virus y afrontar las consecuencias.
La actitud de encerrarse para no correr riesgos es comprensible por un corto lapso, después se vuelve tan timorata como absurda, es como prohibir la circulación de vehículos para evitar accidentes de tránsito. Todos queremos sentirnos seguros, pero no a costa de una existencia contraria a nuestra naturaleza.
La dimensión humana tiene otras facetas igualmente fundamentales, somos seres sociales, tenemos afectos, relacionamientos, ocupaciones, responsabilidades, pasatiempos, sistemas económicos, educativos, y no menos importante, el derecho de vivir en libertad.