Riera pide desconvocar convención y rechaza extensión de mandato
La Contraloría detectó evidencias de un perjuicio patrimonial a la Comuna de Concepción por más de G. 6.000 millones, en el periodo de Alejandro Urbieta (PLRA).
CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). Ayer fue dado a conocer el reporte Nº 32/2020 que fue elaborado por la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, en el que se informa sobre el probable daño causado a la Municipalidad de Concepción. El monto indicado en el documento es de G. 6.457.091.160. El intendente Urbieta dijo desconocer la auditoría.
El posible perjuicio fue detectado en una auditoría practicada a la gestión de Urbieta correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Los auditores fueron Nelson Salinas, Liz Ortiz y Alberto Vargas,
El contralor general, Camilo Benítez, presentó ayer el informe a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
En el reporte son mencionados cuatro puntos. En el primero de ellos, se detallan pagos realizados por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones, donde la Municipalidad no cumplió con los procedimientos de contratación exigidos por la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. El monto del supuesto daño es de G. 959.500.000.
El segundo cuestionamiento
El senador Enrique Riera (ANR-excartista) presentó en la víspera una nota al Tribuna Electoral Partidario (TEP) mediante la cual rechaza la extensión del mandato de las autoridades de la Junta de Gobierno hasta el 2022 por considerar el hecho un atropello a la institucionalidad como en la dictadura y un intento de violentar el orden establecido.
Tras señalar que dicha medida es una abierta violación al estatuto partidario, las leyes y la Constitución Nacional y criticar a las autoridades actuales de la ANR (cuyo presidente es el diputado cartista Pedro Alliana) de abandonar las bases del partido y no oír el pedido del pueblo colorado de que se realicen las internas partidaria, señaló que existe un temor a la soberanía popular. Con estas argumentaciones solicitó “rechazar la prórroga
detectado es acerca de pagos realizados por combustibles y lubricantes, por un monto total de G. 657.851.160, y se menciona como irregular la falta de una reglamentación del uso de combustibles.
Asimismo, se resalta la ausencia de informes sobre el destino que tuvo el combustible adquirido y hallaron notas de pedido sin fecha.
En el tercer ítem, la Contraloría denuncia la emisión de dos cheques de la cuenta de recursos genuinos sin que haya respaldo documental del motivo, por montos que suman G. 26.750.000.
Y el cuarto punto de la auditoría hace referencia a una transferencia entre cuentas (intercuentas), donde menciona que se movió la suma de G. 4.812.990.000.
Este punto se relaciona con una transferencia realizada a través de varias operaciones desde la cuenta de Fonacide a la cuenta de recursos propios de la Municipalidad de los mandatos de las autoridades partidarias porque la convención no tiene atribuciones para hacerlo y por estar expresamente prohibido por nuestros
de Concepción.
Según el informe de la Contraloría General, no se pudo determinar si dicho dinero fue devuelto a la cuenta de origen. estatutos (art. 29°), la ley y la Constitución”, en el documento firmado por Riera, Bader Rachid Lichi y el abogado Édgar Aguilera. Además solicitó que se convoque a elecciones de autoridades partidarias de la Junta de Gobierno (presidente, vicepresidentes, convencionales, presidentes de seccionales, etc.), de los jóvenes y de las mujeres, antes del 30 de noviembre de este año, conjuntamente con las elecciones municipales.
El senador también solicitó desconvocar la Convención Extraordinaria que fue fijada para el 14 de noviembre, la cual se realizará de manera virtual para aprobar la extensión del mandato hasta el 2022, de las autoridades cuyo periodo fenece en abril del 2021. Instó a más colorados que compartan su posición, a sumarse a la iniciativa.