Narcoavionetas y su derribo
En 1963 un jugador de fútbol de 16 años de nombre Fidel Trigo había protagonizado una proeza que le había valido la inscripción de su nombre en el Libro Guinness de los Récords mundiales. Este muchacho había derribado de un pelotazo un avión CAP-4 que sobrevolaba la cancha del General Genes, lugar en el que se disputaba un partido. En el entretiempo, Trigo no tuvo mejor idea que darle a la pelota que voló por los aires y fue a dar entre la hélice y el depósito de combustible de la aeronave, provocando su derribo en un terreno boscoso. El piloto Alfredo Lird y su copiloto habían resultado ilesos en el percance.
Han pasado casi 60 años, tiempo en el cual resulta imposible de creer que la aeronáutica paraguaya no haya podido avanzar en tecnología como para derribar, esta vez adrede, aeronaves ilegales que se pasean en total impunidad. A saber, datos extraoficiales dicen que al mes entre 30 y 50 narcoavionetas surcan nuestros cielos. Lo hacen a sabiendas de que el Estado no provee de la infraestructura necesaria, no pueden ser detectados y, si lo son, la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) está atada de manos y pies porque operativamente no cuentan con los elementos necesarios como para obrar en consecuencia.
Desde el 2015 está vigente la Ley 5400 De Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo, que faculta a la FAP a la vigilancia e interceptación de aeronaves así como la prerrogativa de ordenar a la aeronave en tráfico aéreo irregular a aterrizar en un aeródromo designado. También pueden realizar disparos intimidatorios en caso de que el piloto no responda a las indicaciones. Hace unos días, Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, instó al Ejecutivo a trabajar en una “Ley de Derribo”, esto implicaría una superposición de leyes. Para operativizar la Ley 5400, la FAP cuenta con el talento humano. Sin embargo, enfrenta otro tipo de dificultades que no son de su responsabilidad. Entre ellas, los escasísimos recursos financieros y aviones del siglo pasado. Mientras, los narcos cuentan con mejores tecnologías. A esto se suma una falta de coordinación entre la FAP y la DINAC, autoridad civil aeronáutica que no termina por ponerse de acuerdo en una política unificada y efectiva.
Por otro lado, solo se cuenta con dos radares propios, uno primario y otro secundario. Se trabaja colaborativamente con el Brasil con un “radar espejo”. Esto no garantiza la soberanía aérea, pues nuestros datos son abducidos por los brasileños, y similar situación tenemos con la Argentina. Reacondicionar el sistema de control del espacio aéreo paraguayo conlleva una gran inversión, erogaciones que deben ser aprobadas por el Congreso Nacional. Pero, ¡oh casualidad!, es el lugar en el cual están puestos los “representantes del pueblo” cuyas campañas, la mayoría de ellas, han sido financiadas narcopolítica mediante. Y no lo digo yo, lo asumen ellos mismos. ¿No será que podemos llamar a Trigo para que tire un pelotazo al Congreso y empezamos de cero?