EDITORIAL
Urge una cirugía mayor a la Caja Fiscal. Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Hacienda respecto a los resultados negativos de la Caja Fiscal deben encender las luces de alarma. De manera urgente, el Poder Ejecutivo debe elevar al Congreso un proyecto que ponga freno a esta sangría que está siendo soportada por la ciudadanía a través de sus impuestos. Este sistema que administra aportes del sector público activo y beneficios jubilatorios adolece de defectos estructurales que deben ser corregidos por diferentes motivos: El saldo deficitario se ha convertido en una bola de nieve, no es sostenible en el tiempo y genera una casta privilegiada frente a una masa de trabajadores que la financia, y lo peor, ni siquiera tiene esperanzas de acceder a una jubilación a su vejez. El sistema vigente en el sector público es una ofensa para un país pobre como el nuestro.
Los últimos datos difundidos por el Ministerio de Hacienda respecto a los resultados negativos de la Caja Fiscal deben encender las luces de alarma. De manera urgente, el Poder Ejecutivo debe elevar al Congreso un proyecto que ponga freno a esta sangría que está siendo soportada por la ciudadanía a través de sus impuestos. Este sistema que administra aportes del sector público activo y beneficios jubilatorios adolece de defectos estructurales que deben ser corregidos por diferentes motivos: El saldo deficitario se ha convertido en una bola de nieve, no es sostenible en el tiempo y genera una casta privilegiada frente a una masa de trabajadores que la financia, y lo peor, ni siquiera tiene esperanzas de acceder a una jubilación a su vejez.
Entre enero y octubre del 2020 la Caja Fiscal ha registrado un déficit acumulado de 838.840 millones de guaraníes, equivalentes a 120 millones de dólares al tipo de cambio actual. Este sistema, como se sabe, recibe aportes y abona beneficios a funcionarios públicos, maestros, militares, policías, docentes universitarios y magistrados judiciales. La diferencia negativa en una parte importante es financiada con los tributos que son abonados por la ciudadanía en general. Este sistema cuenta con un total de 238.000 aportantes y registra poco más de 60.000 jubilados.
Una evaluación detallada muestra que el sector docente es hoy el más deficitario, fruto de las jubilaciones de los últimos años, pero especialmente en el 2020 cuando ya han pasado a retiro aproximadamente unos 4.000 maestros, conforme a los últimos datos del Tesoro. Solo en este sector docente, la diferencia negativa entre aportes y pagos jubilatorios en los diez meses de este año fue de 499.129 millones de guaraníes (71 millones de dólares). En la actualidad este déficit es financiado con el superávit que registra el sector de los funcionarios públicos en general. En orden de importancia, en cuanto a pérdidas se refiere, les siguen los militares y luego los policías, cuyas pérdidas son absorbidas por el Estado.
La última gran reforma de la Caja Fiscal fue realizada ni bien asumió la administración de Nicanor Duarte Frutos con su ministro de Hacienda Dionisio Borda, en el 2004. Fruto de un gran pacto social surgió la Ley 2345 mediante la cual, gracias al aumento en el porcentaje de aportes de los funcionarios activos y la reducción de algunos privilegios a los pasivos, se logró revertir la tendencia, permitiendo acumular resultados positivos sostenidos a partir del 2008 hasta el 2014. A partir de allí, fundamentalmente como consecuencia de perforaciones a la mencionada norma a través de resoluciones judiciales, nuevas leyes a iniciativa de parlamentarios que otorgaron privilegios a determinados sectores y el aumento de beneficiarios en general, de nuevo se volvió a las pérdidas. Solo para dimensionar lo que está pasando, basta comparar los resultados del último quinquenio: En el 2015 el déficit de la Caja fue de unos 10 millones de dólares, se estima que este 2020 cerrará con un saldo negativo de 150 millones de dólares.
El problema fundamental radica en las regulaciones del sistema que permite, por ejemplo, que docentes puedan jubilarse antes de los 45 años, o que militares, policías y médicos se retiren con tasas de sustituciones de privilegio. No existe fórmula mágica en ningún sistema del mundo que pueda soportar pagos de este tipo de beneficios durante unos 25 a 30 años, teniendo en cuenta la esperanza de vida promedio de nuestra población. Para peor, en nuestro país quienes aportan a un sistema previsional apenas representan el 30% de los trabajadores. Esto significa que a futuro, si no hay reformas, el Estado tendrá que financiar multimillonarios déficits y preparar su estructura para soportar las necesidades de centenares de miles de compatriotas que ya no podrán trabajar y harán sentir sus necesidades básicas.
Desde hace varios años se viene escuchando de las autoridades de turno la necesidad de abordar este grave problema, pero hasta ahora ha sido postergada. El nuevo ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, declaró recientemente que el Poder Ejecutivo tiene entre sus planes proponer al Congreso en los próximos meses la creación de un órgano regulador de los sistemas previsionales, para luego plantear cambios en la Caja Fiscal. Admite que difícilmente se pueda apelar a un aumento de los aportes debido a que el que se tiene actualmente es elevado, por lo cual no quedará otra salida que buscar otros caminos. Aunque no lo mencionó expresamente, se refería a los años de aportes, la edad requerida o ajustes en la tasa de sustitución (monto de jubilación respecto a los salarios de los últimos años).
El Poder Ejecutivo estima que la recuperación económica pospandemia requerirá de varios años y calcula que los ingresos tributarios se verán resentidos. Solo para el año venidero el proyecto de presupuesto general de la nación estima que el déficit de la caja crecerá en unos 50 millones de dólares. Se habla que un gran porcentaje de trabajadores públicos se jubilará en la próxima década. El dinero proveniente de los impuestos que hoy se utiliza para financiar el déficit de la Caja Fiscal bien podría ir a paliar las necesidades básicas de vastos sectores de la población. El sistema vigente en el sector público es una ofensa para un país pobre como el nuestro. Las autoridades deben abandonar las excusas y plantear de manera urgente una reforma profunda en este sistema.