Aberrante decisión de la convención liberal.

En nuestro editorial del domingo, cuestionábamos la repudiable decisión de los líderes colorados agavillados en la hoy denominada “Concordia Colorada”, un derivado de la “Operación Cicatriz”, de prolongar el reinado de las actuales autoridades partidarias, encabezadas por el titular de la Junta de Gobierno de la ANR, el cartista Pedro Alliana, electo por solo cinco años en los pasados comicios, configurándose así un verdadero atropello a la voluntad popular. En esto, al parecer, los liberales no les van en zaga, pues en su convención realizada un día después de la colorada, resolvieron castigar el disenso, pues sus representantes y los afiliados en general deben seguir indefectiblemente las directivas de la cúpula, so pena de ser excluidos del partido. Que semejante barbaridad haya sido aprobada por los convencionales de un partido que se dice democrático revela una grave degeneración política que debe inquietar no solo al común de sus miembros, sino también a cualquier ciudadano que crea en la libertad.

En nuestro editorial del domingo, cuestionábamos la repudiable decisión de los líderes colorados agavillados en la hoy denominada “Concordia Colorada”, un derivado de la “Operación Cicatriz”, de prolongar el reinado de las actuales autoridades partidarias, encabezadas por el titular de la Junta de Gobierno de la ANR, el cartista Pedro Alliana, electo por solo cinco años en los pasados comicios, configurándose así un verdadero atropello a la voluntad popular. En esto, al parecer, los liberales no les van en zaga, pues en su convención realizada un día después de la colorada, resolvieron castigar el disenso, pues sus representantes y los afiliados en general deben seguir indefectiblemente las directivas de la cúpula, so pena de ser excluidos del partido.

En efecto, los convencionales “liberales” dispusieron que “los afiliados electos en funciones legislativas, departamentales y municipales, los miembros del Directorio, de los comités, así como todos los afiliados que no acompañen o contraríen las disposiciones de la línea política aprobada, sean las de esta Convención o del Directorio, serán suspendidos en sus derechos y obligaciones como afiliados al PLRA, mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Directorio. La suspensión será confirmada o levantada por el Tribunal de Conducta”.

Que semejante barbaridad haya sido aprobada por los convencionales de un partido que se dice democrático revela una grave degeneración política que debe inquietar no solo al común de sus miembros, sino también a cualquier ciudadano que crea en la libertad. Solo un fascista o un comunista podría estar de acuerdo en que disentir de la “línea política” fijada por las autoridades partidarias deba conllevar una sanción. No solo será “suspendido” quien ocupe un cargo electivo nacional, departamental o municipal, sino incluso un simple afiliado que discrepe con lo dispuesto por la Convención o el Directorio. La aberrante resolución no incluye al liberal que esté ejerciendo la Presidencia de la República, lo que podría interpretarse como una falta de confianza en que el partido llegue al Palacio de López en 2023. Cuesta creer que la draconiana medida pueda servir para atraer el voto de los demócratas, incluido el de los propios liberales que lucharon contra la dictadura. Muchos de ellos se estarán revolviendo en sus tumbas, al igual que prohombres como Cecilio Báez, Manuel Gondra, Eligio Ayala y Eusebio Ayala.

Aparte de practicar el autoritarismo, los convencionales y sus líderes ignoraron la Constitución, cuyo art. 201 dispone que “los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”. Es decir, ni los electores ni sus respectivas organizaciones partidarias pueden ordenarles seguir una determinada “línea política” ni, por tanto, castigarles si se apartaran de ella. Se trata de una expresión bastante amplia, que puede abarcar tanto los desafueros de parlamentarios como la enmienda constitucional, pasando por la legislación tributaria. Si solo se refiriera a oponerse o no al Gobierno, podría preguntarse si los legisladores liberales deberían rechazar todo proyecto de ley que de él provenga, si la “línea política” definida por la Convención o el Directorio fuera la oposición a ultranza. Lo cierto es que los legisladores no pueden recibir una sanción política por votar en un sentido u otro, por la simple razón de que solo se deben a su conciencia. La única pena que cabe aplicarles por su actuación consiste en que sus correligionarios no vuelvan a postularlos para ocupar un escaño si, por ejemplo, vulneraron el de hecho inexistente ideario-programa del partido.

La cuestión va más allá de la no sujeción a mandatos imperativos, ya que también afecta al simple afiliado y, por tanto, el propio carácter democrático del PLRA. Su estatuto declara que “el respeto a la Constitución, (…) y su leal aplicación, es deber inexcusable del gobierno de los ciudadanos”, añadiendo con energía que “los gobiernos y ciudadanos que, en procura de los fines políticos, se apartaren de las normas constitucionales (…), se colocan a sí mismos fuera de su amparo y protección”. Por donde se mire, lo resuelto por la convención liberal no está apoyado ni en la Constitución ni en las leyes.

La escandalosa decisión de los convencionales “liberales” no condice con el carácter democrático de las organizaciones políticas ni con el Código Electoral, que dispone no solo que los partidos están subordinados a la Constitución y a las leyes, sino también que su estatuto

reconozca a los afiliados el derecho a “manifestar su opinión”, entre otras cosas. Por eso, el del PLRA dice que sus miembros tienen derecho a “expresar su opinión y ejercer la crítica, formular indicaciones respecto a la acción y conducción del partido, o sobre asuntos de interés nacional, local, internacional o partidario”. Empero, ellos quedan ahora advertidos de que, en materia de “línea política”, no podrán emitir un parecer contrario al de la Convención o al del Directorio.

El presidente del Directorio, Efraín Alegre, sostuvo que “el liberalismo deja un mensaje claro y contundente. Esta es la línea respaldada por los liberales, que no negocia con la corrupción, con la mafia”. Luchar contra ellas no exige violar la Constitución ni la ley, sino más bien “suspender” a los parlamentarios, gobernadores, intendentes y concejales que delinquen en el ejercicio del cargo. Por su parte, el vicepresidente Líder Amarilla habló del “camino equivocado” que seguirían los desobedientes y de que “con esto vamos a tener las herramientas jurídicas que nos van a permitir sanear definitivamente nuestro partido” (¡!). Queda claro que el camino correcto lo fijará él, entre otros, pero también que las “herramientas” escogidas son inútiles, por su notoria ilicitud.

Estas disparatadas decisiones de sus líderes ponen en evidencia que el PLRA debe ser redimido de la prepotencia, de la ignorancia y de la corrupción, que afectan a muchos de ellos. “Por el bien del Paraguay”, como dice su polca.