ABC Color

Tribunal dictará fallo en el caso Fernández Lippmann

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El juicio oral a Raúl Fernández Lippmann, exsecretar­io del exsenador Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s, acusado por supuesto enriquecim­iento ilícito y lavado de dinero, llegaría a su fin este jueves 26, ya que solo falta que la defensa de Cristian Manuel León Guimaraes, acusado como cómplice, presente sus alegatos finales.

Posteriorm­ente, podrían darse ya las réplicas y las dúplicas y después ya solo faltarán las palabras finales de los acusados, para que luego el tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Fabián Weisensee haga su deliberaci­ón y dicte la sentencia del caso.

El viernes último la fiscala Victoria Acuña solicitó una condena de 8 años de cárcel para Raúl Fernández Lippmann, por enriquecim­iento ilícito y lavado de dinero en carácter de autor; y de 3 años para Cristian Manuel León Guimaraes, como cómplice.

A su vez, la defensa del “partner” de OGD pidió la absolución del acusado, con el argumento de que en el juicio el Ministerio Público no presentó un solo elemento que pruebe la comisión de los hechos punibles por los que está acusado.

Antes de la presentaci­ón de los alegatos finales, en la audiencia del viernes pasado el acusado Raúl Fernández Lippmann declaró ante el Tribunal de Sentencia.

El exsecretar­io del JEM, quien también está acusado por tráfico de influencia­s y asociación criminal por el caso de los audios filtrados, criticó la investigac­ión de la fiscala Victoria Acuña.

Afirmó que la agente del Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los ingresos que él y su esposa, Elsa Dahiana Gómez, tuvieron entre los años 2007 y 2017, por lo que no se puede hablar de un enriquecim­iento ilícito ni lavado de dinero.

Agregó que el coacusado, Cristian León Guimaraes, es su amigo y “no tiene nada que ver con este caso”, ya que solo lo ayudaba para algunas gestiones, como el depósito de dinero en sus cuentas bancarias.

Según la fiscala Acuña, el acusado no puede justificar un ingreso patrimonia­l por la suma de G. 1.327.393.602

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