SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA POLICIAL

D esconcierto, indignación y frustración ha causado en la familia policial -y en la opinión pública en general- la sentencia del Poder Judicial que limpia de polvo y paja a más de cincuenta indígenas acusados de asesinar a 23 policías, uno de ellos hasta ahora desaparecido en los sucesos de Bagua del 5 de junio del 2009. Somos respetuosos de la institucionalidad y de los poderes del Estado, entre ellos de lo que decide el órgano jurisdiccional del país, y en este caso concreto de la posición asumida por la Sala Penal de Bagua, pero constitucionalmente también tenemos el derecho de criticar las resoluciones judiciales y es en ese marco que deploramos como han actuado los jueces de nuestro país en el denominado “Baguazo”. En ese sentido, esta casa periodística se solidariza con los familiares de los policías agredidos, secuestrados y posteriormente asesinados. La verdad es que una sensación real de impunidad es lo que embarga a los hijos, esposas y padres de los policías muertos, sobre todo cuando desde el Estado ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial hicieron lo posible por determinar la verdad de los sucesos en lugares como la Curva del Diablo donde se realizaron las protestas más fuertes de las comunidades nativas wampis y awajún. Tenemos que ser enfáticos en señalar que los policías no son personas de segunda categoría y que todos (incluidos los nativos) somos iguales ante la ley, de manera que se debió realizar el esfuerzo más grande para dar con los responsables de esos crímenes horrorosos contra los agentes del orden, siendo al mismo tiempo el caso emblemático el del mayor Bazán cuyo cuerpo desapareció con todo lo que ello representó para su padre que pasa años buscándolo para darle cristiana sepultura y saber a ciencia cierta qué ocurrió contra su hijo, al margen de la ficción legal que ya lo considera fallecido. Los familiares del mayor Bazán y las familias de sus compañeros seguirán clamando justicia, porque hasta ahora no la han encontrado pese a que los policías también tienen derechos humanos, pero tal parece que a menudo algunos se olvidan de ello. Es duro decirlo, mas resulta obvio que si las cosas hubieran sido al revés, es decir si los policías estuvieren involucrados en la muerte de nativos, esta es la hora donde las denominadas ONG de derechos humanos ya hubiesen linchado mediática y políticamente a los agentes del orden y cobrado una gran tajada de las indemnizaciones arrancadas al Estado peruano. En ese caso, como en otros, nuevamente la policía fue víctima de la desinteligencia de nuestros políticos, pues entonces las comunidades protestaron contra el gobierno del presidente García y sus decretos legislativos para implementar el TLC con EE.UU., sin descartar el azuzamiento que realizaban dirigentes nacionalistas que entonces estaban en la oposición y se mantenían detrás de varias protestas contra el gobierno aprista. Igualmente, de parte de los líderes nativos también hubo una clara instigación y ahora en sus conciencias estará el peso de cargar con la muerte de doce policías de un total de 23, muchos de ellos padres de familia que dejaron en la orfandad a niños de corta edad. Si bien en el ámbito fiscal y judicial se dice que “lo que no está en el expediente no es de este mundo”, lo real es que el Ministerio Público y el Poder Judicial debieron extremar su trabajo para dar con aquellas personas que algún tipo de responsabilidad tuvieron en un caso tan trágico; y no se puede cantar alegremente la fórmula facilista de que “no hay pruebas” para dejar libres a quienes bloquearon carreteras y a quienes directa o indirectamente causaron la muerte de numerosos policías.