LA PRECARIA INSTITUCIONALIDAD EN EL PAÍS

ara construir institucionalidad en el país, que apoye el crecimiento económico y reduzca los costos de transacción, primero hay que construir organizaciones que funcionen, es decir, que mínimamente puedan cumplir los objetivos para los que fueron creadas. La institución, solo desde la pequeña óptica de la provisión de bienes y servicios, surge como una consolidación de la organización productiva. Pero la institucionalidad que el país requiere, y a la que a veces se alude, no es solo tarea del Estado, es de toda la sociedad en su conjunto. Entendida ésta como orden, respeto a la ley, vocación de servicio, defensa del interés común, eficiencia, honestidad, etc., es claro que la responsabilidad no es exclusiva del Estado. Por ejemplo, cuando se suele oír que “la coima está institucionalizada”, se está haciendo un uso adecuado del término. Extender o pedir coimas se ha hecho costumbre, una regla social, una norma de conducta, que es claro que no solo el Estado debe desterrar. Alguien podría también expresar “no creo en la publicidad de muchos productos”; en tanto más común este pensar o sentir, más institucionalizada la desconfianza en la información de los proveedores. Entonces, el construir o exigir más institucionalidad -positiva por supuesto- requiere precisar qué se desea y además por dónde se quiere comenzar. Si solo se refiere a mayor eficiencia organizacional, predictibilidad, mejor desempeño, etc., pues el tema parece algo más sencillo. Aunque si existe “mala institucionalidad”, ésta socavará siempre lo poco positivo que se pueda lograr desde el punto de vista económico. Ello porque, como dice Douglas North, la institucionalidad: i) crea orden, ii) reduce incertidumbre, iii) establece indirectamente los costos de transacción. Si le pedimos a alguien por ejemplo expresar qué piensa del Poder Judicial, de realizar transacciones con municipios provinciales o distritales, obtener licencias o autorizaciones públicas o de comprar algún producto de consumo, indirectamente estará señalando algunas características qué manifiestan qué reglas de conducta percibe que se han institucionalizado o definen el quehacer de esa entidad, funcionario o empresa privada. Claro, puede haber un problema de percepción, pero esa percepción genera, a la luz de North, desorden, incertidumbre y sobrecostos. Lo anterior, nuevamente volviendo al tema puramente económico, restringe y limita la actividad económica; sin embargo hace mucho más que eso. Entonces, cuando al Estado se le exige institucionalidad hay que reconocer que corresponde estrictamente al ámbito económico y organizacional en lo público, porque la otra, mucho más profunda y amplia, atañe a todos.