AJUSTA SIN QUE SE ROMPA
En el Perú nos han acostumbrado a vivir siempre en el límite de lo tolerable, y en muchas esferas de la vida social se aplica la “ley del embudo” entre los que pueden y los que no pueden, a los que se les permite todo y a los que no se les permite nada… son las leyes de la selección natural… “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, decía Odría en el siglo XX y todo sigue igual o peor en el siglo XXI. En San Isidro hay mayor número de policías por habitantes que en San Juan de Lurigancho pero el ministro del Interior no sabe nada o no hace nada, ¿Conocerá Canto Grande, Motupe, Campoy?, son zonas de alto índice de delincuencia y mayor sensación de inseguridad… mientras la población tolere y no se produzca convulsión social… sigamos igual. Sucedió el caso del asesor presidencial en salud cuyos audios evidenciarían claramente grandes negociados económicos usando como pretexto la salud del pueblo; se armó el escándalo mediático a través de la prensa hablada y escrita, y hoy todo ha amainado, el tiempo y “los que pueden” se encargarán de enterrar la indignación social; total, es una derivación de la cultura social impuesta “roba pero hace obra”. Los costos de los departamentos para vivienda son mucho más caros en Lima que en otras ciudades similares de Latinoamérica, precios inflados hasta el 100 % de su valor real… están “ajustados a la capacidad de pago de la población”… esto es usura y le llaman leyes de la oferta y la demanda… a esto le llaman modernismo. Los servicios públicos de transporte urbano del Metropolitano acordados por el Municipio de Lima Metropolitana son mucho más caros que otras ciudades metrópoli llámese Buenos Aires o Ciudad de México donde el nivel de vida es mayor y el promedio del salario de los trabajadores es mayor que el peruano. ¿El alcalde vela por los intereses de las empresas de transporte sobre los de los ciudadanos? Sí pues, los peruanos toleramos. Es que todos los gobiernos se han acostumbrado a ser reactivos y no preventivos. La cultura de prevención no existe, debería ser una política de Estado. La prevención de conflictos debe ser parte de esta; la prevención de la usura y del lucro desmedido; la prevención de la violencia y de la corrupción; la prevención de los desastres y de las enfermedades catastróficas. Si el Gobierno quisiera, podría desarrollar una vasta política de prevención orientada al bienestar de sus ciudadanos.