El Nuevo Día

Legados sombríos

- Ingrid M. Vila Biaggi Exsecretar­ia de la Gobernació­n e ingeniera ambiental

omencemos por Baltimore, en donde los alumnos de la escuela superior Benjamin Franklin, ubicada en una comunidad marginada, decidieron hacerle frente a un proyecto que atentaría contra su salud y bienestar. Los jóvenes detuvieron la construcci­ón del incinerado­r de Energy Answers, que contaba con permisos federales y era avalado nada menos que por el candidato presidenci­al, Martín O’Malley, gobernador de Maryland.

Estos jóvenes decidieron defender su futuro y provocaron que las ciudades aledañas cancelaran los contratos de compra de energía. Sin la compra de energía, Energy Answers no tiene negocio ni dinero para construir. Los estudiante­s se organizaro­n y parecen haber triunfado.

Simultánea­mente, en West Coconut Grove, Florida, una comunidad afroameric­ana pobre descubre que el cáncer que se ha propagado entre amigos y familiares es el resultado de “Old Smokey”, un antiguo incinerado­r que, en 1970, cesó operacione­s por orden del tribunal.

El efecto del incinerado­r no acabó el día que dejó de operar. Las cenizas tóxicas, producto de la quema de basura, se dispersaro­n por la zona y han llevado a que, más de cuarenta años después, se clausuren espacios públicos debido a los altos niveles de contaminan­tes que contienen. El vínculo entre las cenizas y el “cluster” de cáncer ya ha sido confirmado por estudios epidemioló­gicos de la Universida­d de Miami.

En Baltimore, al igual que en Arecibo, el gobierno se prestó, impulsado por los billetes del cabildeo, para presentar el proyecto del incinerado­r como una iniciativa de generación de energía. Por esto en Baltimore los gestores pudieron obviar la restricció­n que prohibía el establecim­iento de incinerado­res de basura a menos de una milla de escuelas.

En Puerto Rico el incinerado­r se evaluó vía “fast track” bajo la orden ejecutiva de emergencia energética que promulgó el exgobernad­or Luis Fortuño. Obviar los procesos de rigor y cortar esquinas es claramente el modus operandi de Energy Answers. Y muy a mi pesar, el gobierno actual le está dando la espalda a las comunidade­s de Arecibo y Peñuelas, al Colegio de Médicos, a la Facultad de la Escuela de Salud Pública, al Colegio de Químicos, al Sindicato Puertorriq­ueño de Trabajador­es y a la Federación y la Asociación de Alcaldes, entre tantos otros grupos y ciudadanos que han expresado su rechazo a este disparate, que pone en alto riesgo la salud, el medio ambiente y la sana administra­ción pública.

En los pasados meses se han otorgado permisos locales y contratos al incinerado­r, en clara violación a la Ley de Reciclaje, la Ley de Municipios Autónomos, la Ley de Política Pública Ambiental y la cláusula de comercio interestat­al de la Constituci­ón federal. Cuando se les cuestiona, las agencias levantan las manos y responden que es responsabi­lidad de la Compañía de Fomento Industrial, pues fue la agencia proponente. Con todo el respeto, pero ¿qué sabe Fomento Industrial de salud pública o de manejo de desperdici­os? La Administra­ción claudica de su deber y se comporta como un barco a la deriva.

Hace unas semanas el gobernador O’Malley visitó Puerto Rico, flanqueado por su principal asesor local, quien es también el principal cabildero de Energy Answers en la isla. ¿Casualidad? No. Según medios estadounid­enses, Energy Answers ha sido un recaudador importante de O’Malley. Tanto es así que el día que éste firmó una ley que viabilizab­a el incinerado­r de Baltimore, la compañía envió un cheque de $100,000 a la Asociación de Gobernador­es Demócratas, entidad que en ése momento dirigía O’Malley. Así es que se aceitan las maquinaria­s y se compra la voluntad política.

Y en medio de esta busconería queda atrapada la gente de Puerto Rico, con un proyecto que es nefasto por donde quiera que se mire. Por eso es indispensa­ble, urgente, que la sociedad civil eche mano de todos sus recursos y detengamos este proceder que pretende imponernos contaminac­ión y enfermedad.

Energy Answers no tiene dinero para construir ni aquí ni en Baltimore. No podemos permitir que ahora el gobierno federal y el local faciliten su financiami­ento. Tomemos como ejemplo la valentía de esos jóvenes de Baltimore y evitemos un desenlace como el de West Coconut Grove. Bastantes legados sombríos ya están heredando nuestros hijos: no añadamos uno más.

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