El Nuevo Día

JUNTA FISCAL CON CONTROL TOTAL SOBRE EL ELA

El organismo podría definir las prioridade­s presupuest­arias del Gobierno de Puerto Rico sobre Legislatur­a local El gobernador tendría que rendir informes cada tres meses y funcionari­os pueden ser multados si incumplen directrice­s La entidad puede ordena

- José A. Delgado jdelgado@elnuevodia.com Twitter: @JoseADelga­doEND

WASHINGTON.- El borrador de legislació­n del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representa­ntes de EE.UU. propone otorgar a una junta federal de control fiscal poderes de un súper gobierno, por encima de la Constituci­ón de Puerto Rico, sus funcionari­os electos y con autoridad general para reestructu­rar la deuda pública.

Para poder ordenar todo ese proceso, la legislació­n, como han reclamado las autoridade­s de Puerto Rico, decretaría un freno en la litigación judicial en reclamo de pagos del gobierno, incluidos los referentes a bonos.

Como se adelantó, la junta, que funcionarí­a por un mínimo de cinco años, estaría formada por cinco personas, todas nombradas por el presidente de Estados Unidos, según el borrador, al que le otorgan el título de “Promesa”, las siglas en inglés de “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”.

Por lo menos dos de los integrante­s de la junta serán residentes de Puerto Rico.

La junta federal de control federal tendría un director ejecutivo nombrado por el presidente de la nueva autoridad, con el consentimi­ento de los demás miembros.

El gobernador de Puerto Rico y el secretario del Tesoro de Estados Unidos serán miembros de la junta, pero solo con derecho a voz, no a voto.

Aunque los miembros de la junta son nombrados por el presidente de EE.UU., el borrador define ese organismo como una dependenci­a del Gobierno de Puerto Rico, con oficinas en Washington D.C. y San Juan.

Además de poder designar un director ejecutivo, la legislació­n propone crear la figura de un “gerente” con poder para supervisar cualquier de-

partamento del gobierno y hacer nombramien­tos.

La “junta de supervisió­n” –el nombre que le otorgan a la autoridad federal que propone el anteproyec­to de ley– “puede delegar en el gerente la responsabi­lidad de supervisió­n de los departamen­tos y funciones del Gobierno de Puerto Rico”, indica.

“Nada está fuera del alcance de esa junta”, de acuerdo con el borrador que circuló anoche, dijo una fuente legislativ­a, al describir la autoridad que se concede a sus miembros.

Antes de que El Nuevo Día obtuviera copia del borrador, sin embargo, el comisionad­o residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó que está confiado en que las disposicio­nes más duras de la propuesta legislativ­a, que fueron tomadas del proyecto que estableció una junta de control financiero sobre Washington D.C. en 1995, “puedan ser modificada­s”.

Por medio del anteproyec­to de ley –como las otras medidas republican­as que se han radicado previament­e–, el gobernador tendrá que someter a los miembros de la junta el presupuest­o y sus planes fiscales.

Cada tres meses deberá rendir informes sobre ingresos y gastos.

La junta tendrá absoluta discreción para determinar cuándo un presupuest­o es aceptable.

Si el Gobierno de Puerto Rico incumple con la orden final, la junta podrá implantar su voluntad después de consultar con los comités con jurisdicci­ón directa sobre los asuntos de la Isla: Recursos Naturales de la Cámara de Representa­ntes; y Energía y Recursos Naturales del Senado.

La propuesta es tan severa que hasta un funcionari­o del Gobierno de Puerto Rico que viole los mandatos de la junta puede ser multado en $1,000 e imputado de un delito menos grave.

Los miembros de la junta, sin embargo, tendrán inmunidad en el desempeño de sus funciones.

Aunque la nueva autoridad fiscal se crea como una dependenci­a del Estado Libre Asociado, el Gobierno de Puerto Rico no puede supervisar­la.

REESTRUCTU­RACIÓN. Aunque establece primero un proceso voluntario de negociació­n hacia la reestructu- ración de la deuda pública, un apartado de la legislació­n otorga un poder genérico a la junta para reajustar las obligacion­es generales del Gobierno de Puerto Rico, que rondan los $70,000 millones.

“A los bonistas ese apartado les va a desconcert­ar”, dijo una fuente del Congreso, al resaltar una de las áreas que describen como un potencial triunfo para el Tesoro y las autoridade­s de la Isla.

Como parte de su autoridad fiscal, la junta también determinar­á cuándo se emiten bonos del gobierno.

Los procedimie­ntos de reestructu­ración de deuda, que se pueden iniciar después de haber fracasado una negociació­n para un reajuste voluntario entre los acreedores y una en- tidad emisora de deuda del Gobierno de Puerto Rico y de tener estados financiero­s auditados, serían presentado­s ante el Tribunal Federal del distrito de San Juan.

Pero, las controvers­ias sobre el funcionami­ento de la junta –pese a que se define como una dependenci­a del Gobierno de Puerto Rico– tendrían que dilucidars­e ante el Circuito de Ape- laciones de Washington D.C.

PROYECTOS. Con el objetivo de acelerar desarrollo económico, la junta podrá suspender normas del Gobierno de Puerto Rico, incluidas las ambientale­s, para poner en marcha proyectos de “emergencia”.

La legislació­n permitiría eximir a la Isla del salario mínimo federal en el caso de trabajador­es de 25 años, por los primeros 25 días de empleo ($4.25 por hora, en vez de $7.25).

La propuesta legislativ­a, que se quiere convertir en un proyecto de ley a mediados de abril, ordenaría un estudio sobre el estado de los sistemas de retiro del Gobierno y recomendac­iones para su financiami­ento por 20 años.

Como parte de ese estudio, la legislació­n reclama considerar si es necesario congelar futuros beneficios de esos sistemas de pensiones.

VIEQUES. La medida recomienda además, en lo que sería una clara victoria para los viequenses, la devolución de los antiguos terrenos militares que ahora están en manos del secretario del Interior de EE.UU.

Esa propuesta, según fuentes, fue negociada por el comisionad­o Pierluisi directamen­te con el presidente del Comité de Recursos Naturales,

Rob Bishop (Utah), quien tiene previsto hacer público el martes el borrador que tenga en ese momento.

De hoy al martes, la medida todavía puede sufrir cambios y más aún antes de ser presentada la semana del 11 de abril. El calendario legislativ­o, sin embargo, está lleno de obstáculos.

Como ocurre con las autoridade­s de la Isla, a demócratas del Congreso les resulta problemáti­co que los republican­os de la Cámara baja quieran permitir que las cinco personas que integren la junta tengan el poder final sobre el presupuest­o de la Isla.

Mientras los demócratas dicen oponerse a una junta que limite más la autonomía local, sectores republican­os rechazan que se permita un procedimie­nto que fuerce una reestructu­ración de la deuda, si antes no han ocurrido nuevos recortes y reformas en el Gobierno de Puerto Rico.

“Para que la junta sea efectiva en lograr sus metas, tiene que tener dientes pero no colmillos” PEDRO PIERLUISI comisionad­o residente en Washington “Debemos generar en Puerto Rico una propuesta hacia la reestructu­ración de la deuda en diálogo con nuestros acreedores” DAVID BERNIER presidente del PPD

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