Las empresas concesionarias solicitan la reforma de la Ley de Desindexación
“Por primera vez, y gracias a los fondos que vienen de la UE, la inversión pública será contracíclica”, señaló el viernes el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. El aprovechamiento de la inyección económica, dijo, requiere proyectos maduros y un esfuerzo de cogobernanza entre todas las Administraciones. “Nos jugamos mucho y necesitamos que todo el país vaya a una”, sentenció Saura en la apertura de la segunda jornada del foro Construyendo un futuro sostenible.
Entre los ponentes primó la reclamación de reformas y el ofrecimiento de fondos privados para acompañar a la inversión pública. El presidente de Seopan, Julián Núñez, calificó de indispensable la adaptación de la normativa de contratación a la urgente tramitación de los fondos europeos, al tiempo que afirmó que la Ley de Desindexación “desincentiva la colaboración público-privada”. No fueron pocas las voces contra esa norma de 2015 que limita la tasa de descuento o WACC de las concesiones, con un rendimiento del bono a diez años más 200 puntos básicos: “Dejemos que el mercado, que es muy competitivo, fije la rentabilidad de los proyectos”, propuso Núñez.
Para Rafael Doménech, de BBVA Research, la oportunidad de los fondos Next Generation es tan grande como el desafío de gestionarlos: “Necesitamos licitación y ejecución rápida”.
Tras la defensa del sistema concesional por parte del catedrático del departamento de Ingeniería de la UPM, José Manuel Vassallo, fue el economista José Carlos Díez quien advirtió de que el país se verá forzado a medio plazo a abrirse a la inversión privada: “Con la obligación de reducir el déficit no habrá dinero público para infraestructuras”.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; los consejeros de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, y de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, así como el presidente de la FEMP, Abel Caballero, apostaron por la colaboración institucional para superar la crisis.
Y el director de transportes y movilidad de Deloitte, Juan Alfaro, en debate con la diputada foral de Gipuzkoa Aintzane Oiarbide, analizaron el déficit de mantenimiento en la carretera: “La solución para aliviar los presupuestos públicos es el pago por uso”, defendió Oiarbide. Su diputación recauda peajes en tramos de la N1 y de la A15. “Soy neutral entre el modelo de concesión a un privado o la gestión por parte de entidades públicas, pero la solución justa es que pague el que contamina y el que usa la infraestructura”, sostuvo Alfaro. Ambos coincidieron en que la clave para eliminar resistencias reside en que los fondos captados reviertan en la carretera y el transporte.
Pedro Saura: “Gracias a los fondos de la UE, la inversión pública será contracíclica”
Julián Núñez (Seopan): “El mercado debe fijar la rentabilidad de las concesiones”