Gobierno y CCAA actualizarán el mapa de fosas y coordinarán las exhumaciones
Justicia, que eleva a 114.000 los enterrados, apoya llevar la Memoria Histórica a la Educación como pide Navarra
PAMPLONA – El Ministerio de Justicia acordó ayer con los responsables de memoria histórica de las comunidades autónomas actualizar el mapa de fosas de víctimas de la guerra civil y del franquismo para diseñar planes cuatrienales de exhumaciones lideradas por las administraciones públicas. En rueda de prensa tras su primera conferencia con los representantes autonómicos, el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, explicó que se estudiará también la creación de un banco de ADN de desaparecidos a nivel nacional, aunque pidió no poner “excesivas expectativas” en el proyecto por su complejidad técnica.
En la reunión, celebrada en el Ministerio de Justicia, se apostó asimismo por un elaborar un “censo de víctimas” y un listado de las edificaciones construidas por batallones disciplinarios y prisioneros, así como “chequear” los monumentos en los que pervive simbología franquista. Martínez ratificó que el objetivo del Estado –lo que incluye a todas las administraciones, desde el Gobierno central a las comunidades, las diputaciones y los ayuntamientos– es liderar las exhumaciones, aunque admitió que habrá que esperar a los próximos Presupuestos para que las políticas de memoria histórica cuenten con recursos, ya que la partida actual es “cero”.
Según Martínez, el objetivo es que “una partida significativa” de ese presupuesto de memoria histórica vaya destinado a exhumaciones, una de sus prioridades. Pero primero, recalcó, hay que actualizar el mapa de fosas –en las que se estima que puede haber entre 100.000 y 114.000 personas–, ya que el que tiene el Ministerio en estos momentos habla de 2.740 y se cree que la cifra es muy superior.
El director de Memoria Histórica precisó que, tras actualizar el mapa, se diseñarán planes cuatrianuales de exhumaciones que se concretaran en planes anuales con las comunidades, diputaciones y ayuntamientos, en los que se establecerán las intervenciones prioritarias. El paso siguiente será identificar a las víctimas, para lo que se estudiará la creación del banco de ADN de desaparecidos. Martínez, que recordó que hay comunidades, como es el caso de Navarra, que ya tienen sus propios bancos, insistió en la “complejidad” de un proyecto que puede crear “falsas expectativas de que se va a resolver todo”, pero prometió que el proyecto se va a estudiar.
Respecto a la propuesta de elaborar un “censo de víctimas”, afirmó que hay un consenso bastante amplio ante “la necesidad de conocer realmente el alcance de la violación de los derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo”. Martínez reconoció que hay que contemplar que hubo víctimas en los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil, pero destacó que unas fueron reparadas y homenajeadas cada año mientras que “las víctimas de los vencidos fueron estigmatizadas, criminalizadas e invisibilizadas”.
La exhumación de Franco del Valle de los Caídos no fue analizada en la reunión, aunque hubo comunidades que pidieron estudiar la posibilidad de exhumar y trasladar a víctimas allí enterradas si las familias lo solicitan.
NAVARRA La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, resaltó el compromiso del Gobierno central de trabajar junto a las CCAA en esta materia con políticas que “compartimos plenamente”. De hecho, precisó que aunque Navarra ya tiene en marcha un programa de exhumaciones, el Ejecutivo foral está interesado en colaborar con el plan de Memoria Histórica que incluye firmar convenios con las diferentes comunidades
Además, señaló que en la reunión se abordó la necesidad de un banco de ADN común para facilitar la identificación de restos y la necesidad de retirar la simbología franquista para “democratizar el espacio público”. Ollo resaltó la importancia de “avanzar en la transmisión intergeneracional de la memoria” con el objetivo de que “no vuelva a repetirse una sociedad con vulneración de los derechos humanos”. Así, defendió la importancia de trasladar esa memoria al ámbito educativo, algo que el Ministerio, se felicitó, acogió “con agrado”.
“Hay que avanzar en la transmisión intergeneracional de la memoria para no repetir una sociedad con vulneración de derechos” ANA OLLO Consejera del Gobierno de Navarra