Claves del nudo gordiano irlandés que bloquea el pacto
El origen del problema de Irlanda es la decisión de Londres de abandonar, al mismo tiempo que sale de la UE, la unión aduanera y el mercado interior europeo. Esa ruptura completa obliga a Bruselas a imponer controles aduaneros, declaración de IVA y verificación de estándares a todas las mercancías que entren en territorio comunitario desde Reino Unido. Las dos partes han acordado, sin embargo, que esos controles no se aplicarán al tránsito de mercancías entre Irlanda del Norte (provincia británica) y la República de Irlanda (país de la UE) para no generar tensión en la isla.
Por tanto, esa decisión obliga a establecer un mecanismo específico para esa parte de Reino Unido. El mecanismo se pondría en marcha tras el período de transición de salida (que expira, según lo acordado hasta ahora, en diciembre de 2020) y estaría en vigor hasta que se pacte un futuro acuerdo comercial que regule la relación entre ambas partes. Las opciones para hacer posible un mecanismo que funcione enfrentan a las dos partes y amenazan con provocar un Brexit sin acuerdo que podría desencadenar una gran sacudida económica a las dos orillas del Canal de la Mancha.
El negociador jefe de Bruselas, Michel Barnier, propone establecer controles en el tráfico de mercancías que lleguen a Irlanda del Norte procedentes del resto de Reino Unido. Barnier ha sugerido a Londres la posibilidad de que las empresas realicen de manera previa y a distancia la declaración aduanera para evitar la presencia física de una aduana dentro del territorio británico.
El único control visible, según la propuesta europea, sería el escaneo del código de barras de los camiones que salgan de los puertos ingleses, escoceses o galeses hacia Irlanda, pero se llevaría a cabo en los ferrys o en los puertos de tránsito. La repercusión más tangible, e inevitable, serían los controles veterinarios de animales que pasarían a cubrir el 100% de las exportaciones que lleguen a suelo irlandés y no solo el 10%, como ocurre ahora. La primera ministra británica, Theresa May, sin embargo, considera inaceptable la solución de Barnier, por entender que supone un quebranto de la integridad territorial y constitucional de Reino Unido.
Para evitar los controles en puertos británicos, May se muestra dispuesta a que todo el país permanezca de manera temporal en la unión aduanera. Pero al mismo tiempo, pretende iniciar negociaciones comerciales de forma bilateral con terceros países, algo que no está permitido si se pertenece a la unión aduanera. Reino Unido, además, quiere aplicar sus propios aranceles exteriores y recaudar los aranceles europeos en los productos de países terceros con destino al mercado europeo. Londres se reserva además el derecho a aplicar solo ciertos estándares europeos a los bienes que circulen en su mercado, aún a riesgo de que algunos de ellos acaben en el mercado europeo. Barnier