Economía colaborativa y fiscalidad

La irrupción de la economía colaborativa –que seguramente ha venido para quedarse– nos obliga a cuestionarnos cómo debe responder el sistema fiscal. Consideremos, por ejemplo, el caso de los pisos turísticos. Es difícil cuestionar el derecho de un propietario a alquilar su vivienda a quien quiera, y el argumento de que a menudo este tipo de inquilinos se comportan incívicamente no debería entrar en el debate, porque se trata de un tema de orden público exigible por igual a cualquier tipo de alquiler.

¿Tiene que pagar impuestos el alquiler transitorio de una vivienda particular? Los turistas disfrutan de un espacio y de unos servicios privados y de unos espacios y de unos servicios públicos; sin embargo, sólo pagan por los primeros. A menos que se establezca algún mecanismo adicional, se produce una transferencia de recursos en contra del contribuyente, que paga por el mantenimiento de los espacios y por los servicios públicos, y en favor del turista. Esta transferencia se traduce en espacios saturados y en servicios degradados: el contribuyente recibe menos que lo que aporta; el turista recibe más que lo que aporta. La perversión de este resultado se pone de manifiesto si consideramos un caso extremo: el de un propietario residente en el extranjero que adquiere una vivienda en Barcelona o en Ibiza para alquilarlo a turistas: en este caso los contribuyentes españoles subvencionamos a unos extranjeros .

Es cierto que el propietario –e, indirectamente, el turista– paga al Ayuntamiento el IBI correspondiente a la vivienda, pero este impuesto cubre sólo una fracción de los costes municipales (entre una tercera y una cuarta parte). Si sumamos el resto de ingresos que soportan los residentes (IAE, circulación, etcétera), el total es poco más de la mitad de los ingresos municipales. El resto proviene del contribuyente estatal. Ahora bien, ¿qué sentido tiene que el contribuyente subvencione al turista?

Para subsanar esta perversión, podemos pensar en dos tipos de soluciones. La primera, gravar específicamente la actividad, por ejemplo con el IVA, con una licencia de actividad o con la tasa turística. Esta solución es inviable porque los costos de implementación son enormes, como ponen de manifiesto las dificultades a que se enfrenta el Ayuntamiento de Barcelona para detectar los pisos turísticos.

La segunda, políticamente complicada pero a mi modo de ver inevitable a largo plazo, es aceptar que cada vez habrá menos coincidencia entre el empadronado (que paga IRPF), el residente (que paga IVA) y el propietario (que paga IBI) y establecer el principio de que quien debe soportar el grueso del coste de los servicios municipales es el tercero, porque es el principal beneficiario. En un país tan turístico como el nuestro y con tantas segundas residencias, la respuesta al fenómeno del alquiler de viviendas pasa, pues, por subir el IBI y compensarlo con reducciones del IRPF.

En un país tan turístico, la respuesta al alquiler de viviendas pasa por subir el IBI y reducir el IRPF