Ni desobediencia, ni prevaricación
Tras una intensa semana de juicio, el caso 9-N ha quedado visto para sentencia. En ocasiones ha parecido que lo que se juzgaba era la adecuación a la legalidad del proceso participativo, pero conviene recordar que lo que verdaderamente se juzgaba era si los acusados Mas, Ortega y Rigau han cometido algún hecho susceptible de ser tipificado como delito de desobediencia o prevaricación.
Una condena requiere así, primero, probar la efectiva comisión de concretos hechos y, segundo, que dichos hechos probados puedan ser calificados como delictivos. De la prueba practicada durante las sesiones del juicio oral –única válida para fundamentar una eventual condena penal–, parece difícil poder concluir que exista prueba de cargo suficiente para tener por probada alguna actuación dolosamente desobediente posterior a la providencia del Constitucional de 4 de noviembre. Cierto es que conforman también la prueba (formalmente) practicada los centenares de folios documentales cuya expresa lectura dispensaron expresamente las partes y consta, eso sí, que muchas actuaciones promovidas antes de la suspensión continuaron su curso, pero no consta inequívocamente que los acusados las impulsaran con posterioridad.
Pero, aun cuando se tuviera por probado algún acto de impulso posterior o incluso si lo que se pretende reprobar es que los preparativos no se hubieran truncado con posterioridad a la suspensión, deberíamos poder calificar tales hechos no como una simple desobediencia en sentido coloquial, sino como constitutiva del delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Y, para ello, se requiere la existencia de “un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta”. Pues bien, el informe de la Junta de Fiscales de Catalunya de 17 de noviembre del 2014 era contundente en afirmar “la ausencia de orden concreta, precisa y determinada”, así como la “falta de un destinatario concreto”, “no habiéndose dirigido requerimiento alguno a persona concreta o determinada por parte del Tribunal emisor de la resolución”. Se entienden así las energías dedicadas por la Fiscalía para que dicho informe –inicialmente aceptado por el magistrado instructor, pero posteriormente apartado por recurso de aquella– no quedara formalmente incorporado a la causa. Y es que aun cuando sepamos que la Fiscalía se rige por el principio de jerarquía y que, por ende, con independencia del criterio particular de sus concretos integrantes, el fiscal del juicio debe mantener el criterio ordenado por la superioridad, resulta cuando menos extraño que se pida condena cuando antes se ha concluido que “las objeciones que acabamos de poner de manifiesto dificultan sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal a ejercitar contra el presidente de la Generalitat y miembros de su Consejo de Gobierno” (entrecomillados textuales del informe de la Fiscalía).
Respecto de la prevaricación –que, recordemos, es el delito con pena más grave– no es ya que falte prueba, es que falta incluso la concreción de las supuestas resoluciones injustas dictadas u omitidas a sabiendas. Y, en todo caso, sólo serían injustas si son el medio para desobedecer. Si no hay desobediencia, tampoco prevaricación.
Veremos cuál será la sentencia. Pero, sea la que sea, seguro que no contribuye a rebajar la tensión que el propio proceso judicial ha incrementado. Y, sea la que sea, la ya escasa confianza en el sistema judicial quedará aún más maltrecha. Un juicio innecesario y perjudicial.
Veremos cuál será la sentencia; pero, sea la que sea, seguro que no contribuye a rebajar la tensión