Un referéndum legal y pactado
Cuando alguien habla de un referéndum legal y pactado, ¿está escudándose tras una quimera? ¿Es posible un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central para la celebración en Catalunya de una consulta relacionada con la independencia?
Si no entiendo mal la posición del Gobierno y la doctrina del Tribunal Constitucional, este acuerdo no es imposible. Conviene partir de tres premisas. La primera es que la Generalitat necesita autorización del Gobierno para convocar una consulta. La segunda, que esta no puede versar en ningún caso sobre un tema que no sea de su competencia. La tercera es que el objeto de la consulta tiene que ser acorde con la Constitución. Es decir, que la Generalitat, por ejemplo, no puede convocar una consulta sobre la pertenencia de Catalunya a la OTAN, porque no es tema de su competencia, ni sobre el restablecimiento de la pena de muerte, por ser contrario a la ley fundamental.
Dentro de estos márgenes, pues, una consulta binaria sobre la independencia de Catalunya no es posible, porque la Generalitat carece de competencias sobre el tema y la independencia choca contra la letra y el espíritu de la Constitución, de modo que el Gobierno no podría autorizarla aunque quisiera.
Ahora bien, la Constitución puede ser reformada y el Parlament de Catalunya tiene competencias para promover una reforma, incluso si esta tiene por objeto hacer posible que Catalunya se separe del resto de España. En este campo, la Constitución no establece límites. Toda ella puede ser reformada (eso sí, con unas mayorías muy exigentes, según el calado de la reforma, y con un posible referéndum final de todos los españoles).
Si se acepta esto, creo que también hay que aceptar que es legal que la Generalitat, con autorización del Gobierno, consulte a los catalanes si desean que el Parlament promueva una reforma de la Constitución que abra la puerta a una posible independencia de Catalunya. Y esto, si el Gobierno diera luz verde, permitiría celebrar una consulta con una pregunta de este tenor: “¿Está usted de acuerdo con que el Parlament de Catalunya proponga una reforma de la Constitución española que haga posible la independencia de Catalunya?”.
A mi modo de ver, se trata de una pregunta respetuosa con la Carta Magna, acorde con la vía sugerida por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 25 de marzo del 2014 y que no hurta al resto de los españoles el derecho a pronunciarse cuando proceda, pero que a la vez permite a la Generalitat conocer la opinión de los ciudadanos de Catalunya sobre la independencia. No es la pregunta binaria que muchos desearían pero no es mucho más oscura que la del primer referéndum de Quebec. Aunque el resultado no sería vinculante, tendría más peso político que el 9-N o que un referéndum unilateral y, caso de ser positivo, haría ineludible la negociación.
Soy consciente de que esta fórmula está muy alejada de las posiciones actuales de la Generalitat y del Gobierno. Es una fórmula que exige que ambos hagan concesiones sustanciales, cosa que en el clima actual es muy difícil. La Generalitat tendría que admitir que la cuestión se dilucide dentro del cauce constitucional, lo que sin duda implicaría perder el apoyo de la CUP. Se trata, por tanto, de una fórmula que hoy por hoy es difícil de aceptar. Pero le permitiría cumplir la promesa de celebrar un referéndum y nos sacaría del callejón sin salida en que nos hallamos. ¿No es esto mejor que estrellarse contra el muro constitucional?
Por su parte, el Gobierno tendría que aceptar una consulta que, a la luz de la opinión internacional, se podría ver como un primer paso hacia una eventual independencia. No le resultaría fácil, aunque sólo fuera porque ello implicaría admitir el derecho de los catalanes a pronunciarse y reconocer de algún modo la posibilidad de la independencia, aunque fuera remota. Pero creo que es un procedimiento que respeta las líneas rojas establecidas por la Constitución y que abriría una vía política para resolver el litigio mejor para todos que la judicialización actual o que dejar que la situación se vaya pudriendo poco a poco.
Hace tres años, cuando se empezaba a hablar de la celebración de la consulta, sugerí esta idea en estas mismas páginas. Supongo que, si alguien la vio, le debió de parecer una jaimitada propia de un amateur osado y la descartó sin más, tal vez con toda la razón. Me atrevo a ponerla de nuevo sobre el tapete, a riesgo de atraerme las iras de unos y de otros, porque el debate ha vuelto al punto de partida, al derecho a decidir y a la posibilidad –al menos teórica– de pactar la consulta, y porque entiendo que puede ser útil, aunque sólo sea para aproximar el debate a la realidad constitucional y para sopesar posibles fórmulas de compromiso. Es un camino muy estrecho que no satisfaría a nadie, pero está ahí y, quién sabe, tal vez permitiría evitar un choque que puede ser muy dañino para todos, sobre todo en Catalunya.
La Constitución puede ser reformada y el Parlament tiene competencias para promover una reforma