Una decisión que produce alivio
AYER vivimos otra jornada de alto voltaje político-judicial. Carme Forcadell, presidenta del Parlament, y los miembros soberanistas de su Mesa declararon ante el Tribunal Supremo (TS). La semana pasada comparecieron ante la Audiencia Nacional, investigados también por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, nueve miembros del destituido Govern de la Generalitat. Todos ellos fueron enviados a prisión preventiva. Y allí siguen (salvo Santi Vila, el único que pudo salir con fianza). Ayer, en cambio, tanto Forcadell como Corominas, Simó, Guinó, Barrufet y Nuet eludieron la prisión incondicional. Declararon, previamente, que acataban la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mediante el cual el Gobierno intervino la autonomía catalana, y señalaron que la declaración de independencia fue simbólica. Ahora bien, Forcadell fue trasladada anoche a la cárcel, de donde probablemente saldrá hoy, al serle impuesta medida cautelar de prisión provisional eludible con fianza, mientras sus compañeros quedaban en libertad con pago de fianza.
Esta decisión judicial fue recibida con considerable alivio en Catalunya. Si a los encarcelamientos de los presidentes de la ANC y de Òmnium y a los de miembros del Govern destituido se hubieran sumado prisiones sin fianza para Forcadell y la Mesa, la situación en Catalunya se hubiera enconado más de lo que ya está.
Todas las decisiones judiciales son respetables en un Estado de derecho. Pero si la pasada semana recibimos la de la Audiencia con reservas, dado su potencial conflictivo, hoy señalaremos que la del TS aporta elementos de pacificación ante el 21-D. Aunque la decisión del TS no resuelve el caso de los Jordis ni el de los ocho exconsellers todavía en prisión, la actitud de quienes declararon ayer en el TS (que puede acabar asumiendo las causas de la Audiencia) abre un camino por el que también aquellos podrían llegar a la libertad. Además, la Fiscalía del Estado dijo que reconsideraría la cárcel de Junqueras y de siete de sus exconsellers si aceptaran acatar la Constitución y perseguir sus objetivos políticos dentro de la ley. Si así fuera y los encarcelados fueran liberados, la situación se distendería mucho.
Aunque en el revuelto panorama político catalán algunos tiendan a olvidarlo, una campaña electoral es el periodo idóneo para presentar programas y propuestas de futuro. Los partidos deben aprovecharlas para convencer a los ciudadanos de que, de su mano, progresarán. La excepcional coyuntura a la que nos ha abocado el fallido proceso soberanista parece animar ahora al expresidente Puigdemont a plantear desde su exilio belga una candidatura presidencial. En ella participarían las entidades soberanistas y la esfera activista, siendo objetivos centrales la lucha contra el 155 y la liberación de los presos. En cierta medida, dicha candidatura podría suponer la emancipación como fuerza electoral de esos activistas que los políticos nacionalistas colocaron al frente de instituciones públicas.
Ni la cárcel es el lugar para los políticos, ni las instituciones políticas son el lugar para los activistas, ni las campañas deben plantearse como una protesta. Una campaña es una oportunidad para el debate de ideas y propuestas políticas y, sobre esta base, para establecer compromisos firmes entre candidatos y electores. Todo lo que nos acerque a este formato de campaña constituirá una promesa de futuro. Todo lo que nos aleje puede ser un error y retrasar la recuperación catalana.