El sudoku presupuestario

Las cuentas del Reino guardan un equilibrio entre las necesidades económicas y el posibilismo político

Las prioridades de la economía española siguen siendo el incremento de la productividad y la desaparición gradual del déficit público. Es lo que está en el trasfondo de los presupuestos generales del Estado (PGE) para el 2018 que Cristóbal Montoro presentará al Congreso la próxima semana. Para lograrlo no le queda más remedio que mantener la austeridad en el gasto y la moderación salarial. Pero tiene que dulcificarlos para lograr el apoyo parlamentario que necesita para aprobarlos.

Se trata de un auténtico sudoku político. Por una parte, está obligado a limitar la subida de las pensiones al 0,25%, a pesar dequela previsión de inflación se sitúa en torno al 1,5%. Es decir, se recortará el poder decompraalospensionistas enmás de un punto, algo que no había ocurrido durante los años de la crisis. Por otra parte, pretende subir el salario de los empleados públicos por encima del 2%, con el fin que empiecen a recuperar lo que habían perdido en los años de la gran recesión. Dos decisiones que podrían crear un agravio comparativo entre activos y pasivos, sobre todo cuando hay dinero para bajar los impuestos.

La realidad es que este plantea- miento no solamente es justo, sino que además es necesario, aunque resulte políticamente incorrecto decirlo. La Seguridad Social sufre un fuerte desequilibrio entre ingresos y gastos y, de no corregirlo, el sistema público de pensiones quedaría muy debilitado. Además, no se puede olvidar que las rentas de los trabajadores en activo han sufridopérdidas muyfuertes, comoconsecuencia de la destrucción de empleo y de la bajada de salarios. Por el contrario, las rentas delas clases pasivas han quedado prácticamente como estaban a pesar de la crisis.

Taldecisión nosuponequeelgasto enpensionesnocontinúesubien- do por encima de la economía. El llamado “efecto sustitución” sumado al incremento del número de preceptores están provocando que el sistema se esté resintiendo. La debilidad de la Seguridad Social se produce a pesar que la pensión media por jubilación se sitúa ligeramente por encima de los mil euros, por lo que es una de las más bajas de Europa.

Para amortiguarlo, el Gobierno ha decidido eximir del pago del IRPFalasrentas inferiores a 14.000 euros brutos anuales y aplicar una rebaja para quienes ganan menos de 17.500 euros. Una medida que beneficiará a una gran parte de esos nueve millones y medio de pensionistas yalostrabajadores conlossalarios másbajos. El coste detales rebajas sumado a la mejora de las prestaciones económicasalasfamilias se situará cerca de los 6.000 millones que se compensará en parte por la mejora de la recaudación.

El problemaesquehayqueseguir reduciendo el déficit público del 3% actual, al 2,2% el próximoañoloque supone un esfuerzo fiscal cercano a los diez mil millones de euros. El esfuerzo para 2019 será aún mayor, por no hablar del 2020 cuando haya que situarlo cerca del equilibrio fiscal.

Pero es lo que había que hacer. Con un crecimiento de la economía superior al 3% no queda más remedio que sanear las cuentas públicas para cuando nos vengan mal dadas. Y lo mismo ocurre con los salarios, conmásdecuatromillones deparados, la distribución de la riqueza tendría que producirse a través del empleo y no a través de los salarios como defienden los sindicatos.