Justicia universal
El fin de la justicia universal provocó un recurso del fiscal para cerrar el asunto
La Audiencia Nacional permite seguir investigando la muerte del cámara José Couso en Iraq por disparos de un tanque norteamericano.
La Sala Penal aplaza su decisión sobre el genocidio en Tíbet, que fue el asunto que provocó la reforma
Renqueante, pero ahí sigue. La justicia universal, la capacidad de los jueces de la Audiencia Nacional para investigar los delitos de lesa humanidad o los ataques a ciudadanos españoles en cualquier parte del mundo, no se ha acabado del todo, pese a la reciente reforma legal que imponía límites severos a sus actuaciones. El afán de supervivencia de esa posibilidad de perseguir tales delitos está tras la decisión que ayer tomó el pleno de la Sala Penal de la Audiencia para permitir que se siga investigando la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Iraq, en 2003, por disparos de un tanque norteamericano.
Ahora bien, la Audiencia va con pies de plomo. Hay muchos intereses en juego. Además del caso Couso, ayer la Sala Penal tenía que decidir si seguía adelante la investigación sobre el genocidio en el Tíbet. Este asunto fue el que provocó el vuelco en materia de justicia universal. El Gobierno chino hizo saber al Ejecutivo español que veía prácticamente como una agresión que se estuviera actuando sobre lo que Pekín considera un problema interno, y la respuesta fue que el problema se terminaría pronto. Para eso se impulsó la reforma de la justicia universal. Pero el asunto sigue coleando. La Audiencia aplazó su decisión a la espera de que se resuelva el recurso de una acusación contra la resolución que puso el caso en manos del pleno. Lo más probable es que esta impugnación se rechace y la Sala Penal tenga que entrar pronto en el fondo del asunto, pero de momento ahí sigue el caso, sin que se haya producido el buscado efecto del archivo de las investigaciones.
El asunto de Couso no se dirige contra los primeros exmandatarios de un país, como sí ocurre con el relativo al Tíbet, pero entraña el mantenimiento de la acusación contra los tres militares norteamericanos que participaron directamente en el ataque al hotel de Bagdad donde murió dicho cámara y donde se alojaba la prensa internacional que seguía la llegada de las tropas de Estados Unidos a la capital iraquí. En este caso, el motivo por el que no se acuerda el archivo reside en que la Sala Penal coincide con el juez Pedraz en que la Convención de Ginebra vincula a los estados firmantes por encima de la legislación interna. Dicho conve- nio obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, entre ellos los periodistas. Y el caso es que el cámara José Couso, cuando recibió el impacto de un proyectil lanzado por un tanque norteamericano, estaba filmando el avance de las tropas por las calles de Bagdad.
Otro aspecto de los efectos de la reforma sobre la justicia universal es la liberación de narcotraficantes, analizada también por el pleno, que avaló la salida de cuatro de ellos, de nacionalidad turca. La decisión ya había sido adoptada por el juez Ismael Moreno y ahora ha quedado ratificada, si bien con la oposición de cuatro magistrados, entre ellos Fernando Grande–Marlaska, presidente de la Sala Penal. Estos jueces creen que, a pesar de la reforma legal, se hubiera podido y debido mantener en prisión a los detenidos. La mayoría de los magistrados considera, en cambio, que al Gobierno se le fue la mano en el cambio normativo y ahora tienen que salir sin remedio los narcotraficantes cuando se les detiene en aguas internacionales y no puede probarse que se dirigieran a España. El Supremo, en todo caso, será el que diga la última palabra sobre esta cuestión.