Montoro asume que el Tesoro tiene que cubrir toda la deuda autonómica
Tras la rebaja del rating de Catalunya, Hacienda asegura al mercado
Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, volvió a sacar un conejo de la chistera durante su reunión con Oriol Junqueras, el vicepresidente y conseller de Economia de la Generalitat. Esta vez fue a cuenta de la demanda del catalán de que el Tesoro español asuma a través del Fondo de Liquidez Autonñómico (FLA) créditos a corto plazo por importe de 1.600 millones mediante su conversión en deuda a largo plazo. Formalmente el FLA sólo puede responder de las deudas a largo plazo, más de un año, en el momento en que se producen los vencimientos. Las de corto plazo no están incluidas y por eso, en el caso por ejemplo de Catalunya, durante el pasado mes de febrero y primeros días de marzo se produjo una situación de impago de algunos créditos, mientras se esperaba la autorización del Consejo de Ministros para su transformación.
Y, como consecuencia, una nueva ronda negativa de análisis de las agencias de calificación, con rebaja incluida de Standard & Poor’s, pese a la intervención destacada para evitarlo del Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos.
Una degradación anecdótica desde el punto de vista de las emisiones de deuda de la Generalitat, pues no existen desde que tuvo que acogerse al FLA, pero que políticamente ha tocado a los protagonistas. Primero a un Junqueras que ha gustado de presentar al mercado como un aliado y ha tenido que encajar ahora que una de sus caras visibles le haya retirado la mano. Pero también a Montoro, que se ha visto obligado a dar un paso más en la cobertura financiera a Catalunya y las comunidades en general.
Luis de Guindos, el ministro de Economía, por su parte, ya formalizó hace apenas diez días el preceptivo informe previo con su opinión de esa reconversión de deuda. El dictamen, según las fuentes consultadas, es favorable, en línea con la posición tradicional de Guindos, que defiende que el funcionamiento del FLA debe ser previsible.
Esa transformación es especialmente reclamada por las entidades financieras, que quieren reducir al mínimo su exposición a las comunidades autónomas, con calificaciones de solvencia muy inferiores a las del Estado, y sobre todo porque la reglamentación sobre prudencia financiera limita su margen financiero en la financiación de las administraciones territoriales, actualmente en el 0,08, más un diferencial del 0,30% para vencimientos de un mes. Sólo incrementando el plazo pueden elevar sus beneficios con esa clase de operaciones. También debe considerarse que una conversión casi automática de esas deudas en compromisos del
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Estado a largo plazo sería el hachazo final a la relación financiera directa entre los bancos y las comunidades autónomas, pues los primeros exigirían la participación del FLA en casi cualquier operación.
Montoro rechaza ese esquema, del que el pasado viernes apuntó que sólo sería asumible caso por caso, pero no de forma generalizada. Y, al mismo tiempo, el ministro aseguró que no habría impagos de ninguna comunidad autónoma como consecuencia de sus deudas a corto plazo. Es decir, asumió cuando menos una mayor cobertura política de los compromisos de las autonomías.
¿Cuál es el secreto? Además de la confianza en que la relativa mejora de la situación presupuestaria de las autonomías a consecuencia de la subida de la recaudación haga más sostenibles sus cuentas, la única posibilidad aparente sería elevar los recursos financieros del FLA, dotado con casi 22.000 millones en este 2016. Algo complejo en la actual situación de un gobierno en funciones y con un presupuesto ya aprobado y con varios meses de ejecución.
Una vez más, queda de manifiesto la mutua dependencia ante el mercado internacional de deuda del Tesoro español y una comunidad como Catalunya que representa el 20% del PIB de todo el Estado, tiene el 70% de su deuda con este último y todo el mundo sabe que nunca se pagará.