Las críticas a la justicia y el fiscal Moix
CUANDO actúa, la justicia, como la lluvia, nunca lo hace a gusto de todos. Es ya una lamentable constante de la política española que la valoración de las decisiones judiciales dependa siempre de cómo afecte a cada formación política. Cuando el imputado es de la propia formación o movimiento, todo se pone en cuestión, desde la independencia de los jueces hasta la honestidad de los fiscales. Cuando el encausado es ajeno, se exige respeto a la justicia y asunción inmediata de responsabilidades políticas. Casi nadie queda al margen de este maniqueo proceder. Lo más preocupante de esas sospechosas reacciones es que parece subyacer la idea de que el poder judicial, cuya independencia es uno de los pilares del Estado de derecho, es un simple instrumento en manos del gobierno de turno. Así lo han explicitado en multitud de ocasiones los diferentes afectados.
También dirigentes del PP, la formación del Gobierno, han buscado explicaciones conspirativas cuando alguna decisión de la justicia no ha sido de su agrado. En este caso, obviamente, como que no se podían dirigir las acusaciones contra los miembros de su propio partido, se ha atacado directamente a los funcionarios judiciales implicados. Esta misma semana ha brindado un buen ejemplo de ello. La decisión del tribunal que juzga el caso Gürtel de citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado pie a una agria reacción desde la dirección popular cuestionando las motivaciones de los jueces.
Sería encomiable que desde la política se comenzase a aplicar de verdad el principio de respeto a la actuación de la justicia. No sólo cuando la resolución de esta coincide con el criterio o el interés propio, también cuando el sentido es el contrario. Un político con sentido de Estado debe saber que la legítima discrepancia con las resoluciones de jueces y fiscales tiene sus propias vías de expresión, a través de los correspondientes recursos a instancias superiores o, incluso, las recusaciones cuando se piense que algún magistrado puede estar contaminado para resolver sobre determinadas causas.
Dicho esto, la defensa de la independencia de la justicia no debe implicar ceguera o insensibilidad ante las pulsiones que desde el poder ejecutivo puedan manifestarse para orientar la acción judicial en uno u otro sentido. Esta reflexión viene a cuento a la vista de la divergencia en la Fiscalía Anticorrupción sobre el proceder en la llamada operación Lezo, a resultas de la cual se ha detenido al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a una decena larga de personas más. Según las informaciones disponibles, el fiscal jefe de la mencionada Fiscalía, Manuel Moix, cuestionó las propuestas de actuación de los fiscales del caso, especialmente en lo referente a las medidas cautelares que adoptar contra el expolítico implicado de más relevancia. La intervención de Moix, recién llegado a la Fiscalía y cuestionando el trabajo de su antecesor que había dado el visto bueno a todo lo practicado hasta entonces, pareció confirmar las críticas de amplios sectores fiscales que intuían un nombramiento político para intentar controlar una de las unidades más sensibles de la actividad judicial. Finalmente, acogiéndose al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, los responsables directos del caso pidieron una reunión de la junta de fiscales y ante el amplio respaldo a sus planteamientos, Moix optó por cambiar de opinión. Mal inicio para el nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción.