El Gobierno cree que la oposición está sobreactuando con la corrupción
Los populares subrayan la lucha contra estas prácticas que lleva a cabo el Ejecutivo
“El Gobierno está tranquilo”, pese a los casos de corrupción que le han explotado en los últimos días y que han puesto en la picota a algunos de sus miembros. Es lo que dicen en público, pero también en privado. Atribuyen la aparición de nombres como el del ministro Rafael Catalá en el sumario de Lezo a cuestiones colaterales. Aseguran que los mensajes entre el ministro e Ignacio González son de cortesía y la reunión del secretario de Estado de Seguridad, que ayer tuvo que comparecer en el Congreso, con el hermano del expresidente no son trascendentes para el caso.
“El Gobierno está absolutamente tranquilo”, insistió el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El relato del Ejecutivo sigue inalterable. Se presume de que el Gobierno de Rajoy es el que está haciendo efectiva una lucha sin cuartel contra la corrupción y se sostiene que no hay necesidad de dar ninguna explicación sobre las conversaciones que van surgiendo del sumario. “Lo importante es que este caso –en referencia al caso Lezo–, así como el del 3%, es que los responsables están ante el juez, que será quien decida si los comportamientos han sido lícitos o ilícitos”, subrayó Méndez de Vigo. El Gobierno –añadió– “lo único que tiene que hacer es colaborar con la justicia”.
El resto, para el Ejecutivo, no tiene la menor importancia, son situaciones que pasarán y no mancharán el nombre del PP ni el del Gobierno. Por eso el portavoz concluyó su análisis sobre la forma en la que los casos afectan a la credibilidad del Gobierno con una petición a los “partidos de gobierno”: “Que no haya sobreactuaciones”. El mensaje iba destinado a PSOE y Ciudadanos frente a la moción de censura planteada por Podemos.
Y es que el Ejecutivo considera que su actuación en la lucha contra la corrupción es intachable. “El Gobierno ha estado, está y estará en contra de la corrupción, que no tiene ni color ni ideología, ni bandera, y que tiene todo el rechazo del Gobierno”.
Como ejemplo de actuaciones alentadas desde la Moncloa, el Consejo de la Transparencia formuló ayer una recomendación al Gobierno para que los altos cargos publiquen de oficio sus agendas, porque las considera información pública. Y lo hizo coincidiendo con la comparecencia del secretario de Estado de Interior para dar cuenta de su reunión secreta con Pablo González. La recomendación es producto de la demanda social de conocer con quiénes se reúnen los altos cargos, que han supuesto un número muy importante de las solicitudes de información ciudadanas.
El Consejo de la Transparencia y del Buen Gobierno considera estos datos de “indudable carácter de información pública vinculada a la rendición de cuentas”. Un acceso a información de carácter público que sin embargo no figura en la ley de transparencia estatal como obligación para los gobiernos. No obstante, comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, lo ha incluido en las suyas
La recomendación es que las agendas de los altos cargos sean públicas siguiendo unas pautas de “agenda para la transparencia”. Ahí deberían incluirse expresamente además de visitas, viajes oficiales y actos y eventos institucionales, todas las reuniones mantenidas en el ejercicio de las funciones públicas.
Además, el Consejo de Transparencia indica que la publicación se haga en la página web o portal del organismo, con una periodicidad semanal, en formato reutilizable y accesible. El Consejo da un plazo de seis meses para los miembros del Gobierno y secretarios de Estado adopten el contenido de la recomendación, y después se extenderá al resto de altos cargos.
El Consejo de la Transparencia insta al Gabinete a publicar las agendas y las visitas de sus altos cargos