Rebelión empresarial contra Colau y su actitud hacia el turismo
Los agentes económicos del sector se sienten criminalizados por el Ayuntamiento
La brecha entre el equipo de Ada Colau y la decena de entidades que agrupan a las empresas de hostelería, restauración y comercio en Barcelona es cada día mayor. Los empresarios han dado un paso al frente y denuncian que se les discrimina y criminaliza.
La zanja que separa el sector empresarial barcelonés y algunas de las entidades vecinales de la ciudad más activas y revindicativas se ensancha, y el movimiento de tierras ha pillado al gobierno de Ada Colau con un pie firmemente plantado en el lado de la trinchera vecinal y el otro colgando en el vacío. La sesión conmemorativa del primer aniversario del Consell de Turisme i Ciutat, celebrada anteanoche en el Saló de Cent, volvió a poner de relieve la existencia de dos visiones antagónicas del fenómeno turístico, esa especie de Doctor Jekyll y Míster Hyde que igual puede reflejarse en el espejo como un salvavidas económico que como el problema número uno de la capital catalana. Pero, sobre todo, la reunión de este órgano consultivo del Ayuntamiento evidenció el persistente, y si cabe creciente, malestar de una amplísima representación del empresariado respecto a las políticas que emanan del gobierno municipal y la sintonía de las autoridades locales con un discurso que consideran radicalizado y que les criminaliza.
El comerciante Gabriel Jené, presidente de la asociación Barcelona Oberta, ejerció de portavoz de las diez entidades que antes habían consensuado la intervención en un grupo de trabajo que constituyeron hace ya un tiempo, cuando comenzaron a intuir las intenciones del gobierno de Ada Colau. Algunas de estas asociaciones ya habían protagonizado un plante hace unos meses en el Consell de Comerç, en protesta por la creación de una cooperativa de exmanteros promovida por el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y la tolerancia del Ayuntamiento con el top manta.
Esta vez la queja no va dirigida directamente contra el gobierno. De hecho, se expresa por una vía indirecta, mediante la denuncia de las actitudes de grupos vecinales que, según los empresarios, tienen mucha más influencia que ellos en la toma de decisiones. Aun así, el toque de alerta fue en esta ocasión más ruidoso si cabe que en aquel primer aviso.
La queja-reivindicación del sector turístico empresarial lleva la firma de la Cambra de Comerç, Pimec Comerç, el Gremi d’Hotels, la Asociación de Apartamentos Turísticos (Apartur), la Fundación BCN Promoció, la Asociación de Agencias de Viajes (Acave), la Asociación de Profesionales del Turismo, la Fundación Barcelona Comerç, Barcelona Oberta y el Gremi de Restauració. El texto leído por Gabriel Jené lamenta, de entrada, “la falta de representatividad en el Consell de Turisme en relación con el peso específico del mundo económico en el turismo de la ciudad”. Los empresarios se sienten en “clara minoría” y así lo hicieron saber en una sesión en la que la otra parte negó la existencia de turismofobia en Barcelo-
Los agentes económicos se sienten desatendidos por el Ayuntamiento y criminalizados
na, aunque planteó que el negocio turístico está expulsando a los vecinos de la Barceloneta, de la Sagrada Família, de Sant Antoni, del Poble Sec..., provocando lo que la concejal de la CUP María José Lecha bautizó como el “barricidio”.
Los firmantes del manifiesto han decidido no abandonar el consejo. Prefieren insistir para que su voz se acabe oyendo en el Ayuntamiento y hacen autocrítica de la actitud pasiva de muchos empresarios, de un cierto desinterés que da alas a “planteamientos extremadamente radicalizados”. Lamentan que se ignoren los aspectos positivos del turismo y, en definitiva, perciben “un sentimiento de criminalización y culpa hacia el sector económico y empresarial de la ciudad”. No falta el recordatorio de algunos hechos recientes: la agresión a establecimientos hoteleros, la aparición de pintadas y carteles contra la actividad turística y comercial, la proliferación de manteros y lateros, la “persecución permanente del sector de la restauración con el tema de las terrazas” y la aprobación del restrictivo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, que ha provocado una avalancha de denuncias contra el Ayuntamiento.
Además de quejas, los agentes económicos expresan también preocupaciones por una serie de cuestiones “vitales” para el futuro de la ciudad: la implantación de las supermanzanas (“un elemento muy regresivo para la actividad económica”); la revisión “totalmente innecesaria” de la ordenanza del civismo; el conflicto en torno a las te-