El PP reconoce que el 21-D paraliza los asuntos pendientes del Gobierno
La vicepresidenta dice que habrá nuevo modelo de financiación si el PSOE quiere
Catalunya tiene paralizada la política española y la gestión del Gobierno desde el verano, y las elecciones convocadas para el 21-D impiden, según reconoce el PP, poder llegar a acuerdos en asuntos que requieren del apoyo de varios partidos políticos. Los presupuestos del Estado son el máximo exponente, ya que el PNV, socio indispensable para sacar adelante las cuentas públicas, ha parado las negociaciones por la aplicación del artículo 155.
Lo mismo ocurre con el nuevo modelo de financiación, que el Gobierno ya ha advertido que no intentará aprobar si no lo apoya el PSOE, y los comicios catalanes hacen difícil cualquier entendimiento. Y pasa exactamente igual con la comisión de análisis del modelo territorial, que se constituye mañana, y que el PP ve difícil que pueda hacer cualquier planteamiento serio antes de las elecciones catalanas, porque todo estará condicionado, después, por el resultado de esos comicios. Otros posibles acuerdos que hasta que no pasen las elecciones catalanas parecen muy difíciles son el pacto educativo y el de las pensiones.
Sobre el nuevo modelo de financiación autonómico hablaron ayer la vicepresidenta del Gobierno y el vicesecretario de comunicación del PP. Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que habrá nuevo modelo “si hay una voluntad manifiesta del PSOE de que lo haya”, porque por parte del Ejecutivo “hay ganas de entendernos”. Sin embargo, lo que en estos momentos separa al Gobierno y el PSOE es que el Ejecutivo pretende que la propuesta de reforma salga de una mesa de negociación, mientras que el PSOE exige que sea el Gobierno el que plantee una fórmula, y los socialistas ya dirán sí o no. El ministerio de Cristóbal Montoro consideró que los socialistas lo que pretenden es vapulear al Gobierno con negativas a cualquier cosa que proponga. Y no va a arriesgarse a hacer una propuesta unilateral, dice el Gobierno, porque luego hay que llevarla al Congreso y el PP carece de los votos necesarios para aprobar el modelo.
A juicio de Sáenz de Santamaría, el momento de financiación actual es el adecuado para llegar a acuerdos, “ya que estamos creciendo y a buen ritmo”, con lo que está convencida de que “si el PSOE dice claramente que lo quiere, podremos tenerlo, porque tenemos ganas de entendernos”, dijo.
En este ámbito, Santamaría habló de un principio al que también aludió ayer el vicesecretario de comunicación del PP, el principio de “lealtad institucional”. La vicepresidenta se refirió a él al hablar precisamente de la financiación, porque es, a su juicio, “un pegamento que permite hacer muchas cosas”.
Pablo Casado habló de la lealtad institucional al referirse a la comisión sobre el modelo territorial que se pone en marcha en el Congreso este miércoles. Aseguró que es un principio que debe introducirse en cualquier reforma, sobre la que dejó claro que el PP no pretende ninguna recentralización, sino –siguiendo los informes del profesor Francisco Rubio Llorente, tras el encargo que le hizo José Luis Rodríguez Zapatero siendo presidente– definir bien el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Sin embargo, el vicesecretario del PP dejó claro que su partido no hará, llegado el momento, ninguna propuesta de reforma constitucional, aunque está dispuesto a escuchar las que hagan los demás. Y subrayó que se pueden hacer muchas cosas para reformar el modelo territorial sin que haya que ir a una reforma agravada de la Constitución, la que exige aprobación en las Cortes con una mayoría cualificada, referéndum, disolución de las Cámaras y una nueva votación donde el texto vuelva a ser aprobado por mayoría cualificada. Casado subrayó que se trata “de hablar más que de poner patas arriba el sistema”, pero eso seguramente también tendrá que esperar a que pase la cita electoral de Catalunya.
Los populares piden introducir el principio de lealtad territorial y afirman que no buscan la recentralización